Con el propósito de aprovechar la inteligencia artificial (IA) y los grandes modelos lingüísticos (LLM) en la localización de personas desaparecidas, especialistas nacionales e internacionales participaron en mesas de trabajo convocadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana.
Durante el encuentro, instituciones académicas, organizaciones civiles y laboratorios tecnológicos analizaron la creación de un consorcio enfocado en la tecnificación de la búsqueda. El punto de partida fue una premisa: la búsqueda y la identificación forman un proceso continuo cuyo fin es restituir la identidad y la verdad sobre el paradero de las personas.
Ante las más de 130 mil carpetas de investigación abiertas en el país, los expertos coincidieron en que la IA puede contribuir al procesamiento de grandes volúmenes de información, detectar patrones y generar hipótesis que orienten las investigaciones.
Entre los temas abordados destacaron la clasificación automatizada de documentos, el reconocimiento facial en contextos forenses, el uso de OCR y bases de datos ontológicas, y la reconstrucción de imágenes mediante aprendizaje profundo. También se expusieron experiencias de Siria, Colombia y Chile, así como proyectos nacionales como Angelus y herramientas para la identificación de tatuajes.
Entre los participantes sobresalieron representantes del International Information Management Program (IIMP), Guernica 37, AnarCoop, Lab-Co, INSA Toulouse, la Universidad Católica de Chile y Data Cívica, quienes aportaron perspectivas técnicas, éticas y metodológicas.
El 17 de octubre se realizó la presentación pública de las líneas de trabajo en la sede del CICR. Andrea Horcasitas Martínez y Antonio Trejo Sánchez, del PDH de la IBERO, subrayaron la necesidad de articular las obligaciones del Estado con las metodologías tecnológicas que garanticen el derecho de las familias a conocer el destino de sus seres queridos.
En el acto participaron autoridades de la Ciudad de México, como la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda y la Agencia Digital de Innovación Pública, además de colectivos y organizaciones civiles. El consorcio representa un paso más en el esfuerzo de la Universidad Iberoamericana por fortalecer la cooperación entre instituciones, víctimas y sociedad civil frente a uno de los problemas más dolorosos del país.
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