En medio de reclamos de la oposición para elevar las sanciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 456 votos, la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La nueva legislación homologa las penas de seis a 15 años de prisión, con posibilidad de incrementarse hasta 25 años según 34 agravantes distribuidas en tres categorías. El delito será perseguido de oficio, y quienes resulten culpables no podrán acceder a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de pena, salvo por colaboración excepcional con la justicia. Además, las sentencias deberán incluir la reparación integral del daño.
La ley establece que las denuncias podrán realizarse de manera anónima —incluso por la línea 089— y obliga a los estados a armonizar sus códigos penales. También impone a las autoridades penitenciarias la obligación de bloquear las comunicaciones celulares en los centros de reclusión.
Durante el debate, legisladores del PRI, PAN, PT y Movimiento Ciudadano advirtieron riesgos y vacíos. El morenista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, afirmó que la ley corrige la disparidad entre estados y “pone fin a la impunidad” al establecer un solo tipo penal.
“A partir de ahora la extorsión se investigará de oficio. Si hay indicios, se persigue y se castiga. Por fin le pondremos un alto a las extorsiones en todas sus modalidades”, dijo.
El priista César Domínguez alertó que, al homologar las penas, podrían salir en libertad cientos de sentenciados, ya que en estados como Chihuahua o Guerrero las sanciones actuales superan los 16 años.
“Estamos hablando de unos 500 delincuentes que podrían quedar libres para volver a delinquir”, advirtió.
El panista Damián Retes criticó que la propuesta “copió mal” una iniciativa del PAN y acusó que en entidades como Baja California, donde el castigo mínimo es de siete años, se percibirá como una reducción de penas.
“La extorsión no sólo viene del crimen organizado, también de servidores públicos que cobran ilegalmente por permitir operar”, señaló.
Desde Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala recordó que, según el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, la extorsión es el único delito que ha crecido sexenio tras sexenio, pasando de 4.6 a 6.9 casos por cada 100 mil habitantes. Afirmó que la nueva ley se enmarca en la estrategia nacional de seguridad e inteligencia impulsada por el Ejecutivo.
Finalmente, la diputada petista Mary Carmen Bernal adelantó que su bancada presentará reservas para incluir la tentativa de extorsión y la extorsión digital como agravantes.
Con la aprobación de esta ley general, el Congreso busca cerrar los vacíos legales y fortalecer la persecución penal de uno de los delitos más extendidos y dañinos para la ciudadanía y la economía nacional.
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