Tras la aprobación del Paquete Económico 2026, organizaciones civiles, académicos y especialistas en salud pública lamentaron que el Congreso de la Unión haya desaprovechado la oportunidad de proteger la salud de la población y fortalecer el financiamiento del sistema sanitario mediante una reforma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a las bebidas alcohólicas.
De acuerdo con organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, incrementar los impuestos al alcohol es la medida más costo-efectiva para reducir los daños asociados a su consumo y, simultáneamente, aumentar la recaudación fiscal.
Experiencias internacionales respaldan esta política: en Lituania, una reforma similar en 2017 elevó los ingresos públicos en 89 millones de euros y redujo 23.6% las muertes vinculadas al consumo de alcohol en apenas un año.
Luis Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), expresó que la decisión legislativa representa un retroceso en materia de salud pública.
“Cada persona afectada por el consumo de alcohol representa una historia de dolor, pérdida y sufrimiento compartido. Hoy, el Congreso le ha dado la espalda a la salud pública y a la evidencia científica, favoreciendo una vez más los intereses de las grandes corporaciones sobre el bienestar de la ciudadanía”, afirmó.
El impacto del alcohol en México es alarmante: tan solo en 2022 causó aproximadamente 210 mil nuevos casos de enfermedades y 41 mil muertes, es decir, 112 decesos diarios.
Entre los principales padecimientos asociados se encuentran cirrosis hepática, pancreatitis, cánceres y daño neurológico. Según cifras del Inegi, seis de las diez principales causas de muerte en el país están relacionadas con el consumo de alcohol.
De acuerdo con estimaciones técnicas, una reforma al IEPS que establezca cuotas específicas por mililitro de alcohol puro —35.421 centavos para la cerveza, 68.477 para fermentados y 61.393 para destilados— podría reducir 37% el consumo, incrementar la recaudación en más de 30 mil millones de pesos y disminuir 39.2% las muertes por cirrosis, así como 2% las lesiones por violencia familiar en la próxima década.
Pese a la negativa del pleno, las organizaciones reconocieron el trabajo legislativo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, la diputada Verónica Pérez Herrera y la senadora Gina Campuzano González, quienes impulsaron iniciativas y reservas para aumentar el IEPS a bebidas alcohólicas. “Su labor demuestra que sí existe voluntad política para anteponer la salud y el bien común por encima de los intereses económicos”, subrayaron los colectivos firmantes.
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