El diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT) exigió justicia y fin a la impunidad por el desplome de la mina “El Pinabete”, ocurrido el 3 de agosto de 2022 en Sabinas, Coahuila, donde murieron 10 mineros, al denunciar que las empresas vinculadas a la tragedia hoy siguen recibiendo contratos de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En conferencia de prensa, acompañado de viudas y familiares de las víctimas, el legislador señaló que, a más de tres años del accidente, la carpeta de investigación por homicidio que lleva la Fiscalía de Coahuila “no ha sido judicializada”.
“Es inaudito que las empresas vinculadas a ‘El Pinabete’ hoy reciban contratos de carbón; aquí hay una total impunidad, no sólo para quienes están involucrados, sino que además son premiados con nuevos contratos”, denunció.
Mejía Berdeja señaló directamente a Régulo Zapata Morales como uno de los principales responsables y detalló que la empresa Comercializaciones Industriales Dizna, presuntamente relacionada con él, recibió más de 420 mil toneladas de carbón por un monto superior a 642 millones de pesos.
“El Estado mexicano pagó más de 2 mil 200 millones de pesos para recuperar los cuerpos, y todavía les dan contratos. Es una burla para las familias”, subrayó.
El diputado recordó que desde la Cámara de Diputados se impulsó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para que la Fiscalía General de la República acelere las investigaciones federales, ya que las familias no han recibido reparación del daño ni apoyo psicológico o económico suficiente.
“Es la Fiscalía de Coahuila la que no actúa, y la CFE la que permitió que un homicida esté vinculado a contratos nuevos”, insistió.
Por su parte, Carolina Álvarez Oviedo, viuda de uno de los mineros fallecidos, pidió al gobernador Manolo Jiménez Salinas que acelere las diligencias y se informe a las familias sobre los avances. “Queremos justicia para nuestros esposos, hijos y padres”, expresó.
Relató que tras el accidente solo recibieron tres semanas de pago y ningún apoyo posterior. “Venimos aquí porque no nos han escuchado; han pasado tres años y seguimos esperando justicia”, dijo entre lágrimas.
A su vez, el abogado Juan Héctor Rico González afirmó que la carpeta de investigación permanece “archivada” y acusó protección política a los presuntos responsables.
“La Fiscalía de Coahuila no ha hecho nada; están protegiendo al señor Régulo Zapata, al alcalde y al secretario del Ayuntamiento de Sabinas”, señaló.
Mejía Berdeja concluyó que continuará acompañando a las familias y mantendrá el caso en la agenda legislativa: “Seguiremos en la lucha, acompañando todo aquello que sea para la justicia de la gente y de los coahuilenses”.
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