La capital michoacana vivió una jornada de tensión y violencia luego de que cientos de ciudadanos se congregaran frente al Palacio de Gobierno para protestar por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido durante el Festival de las Velas.
Lo que comenzó como una marcha pacífica se tornó en disturbios que culminaron con el incendio parcial del recinto gubernamental.
Los manifestantes, al grito de “¡Carlos no murió, el gobierno lo mató!”, irrumpieron en el Palacio tras derribar las puertas principales. Encapuchados, algunos identificados como líderes locales del PRI y PAN, vandalizaron oficinas, rompieron ventanas y prendieron fuego a mobiliario, generando daños significativos en el inmueble histórico.
La indignación ciudadana se desató por la presunta inacción de las autoridades ante el creciente asedio del crimen organizado en la región.
Carlos Manzo había solicitado protección semanas antes de su asesinato, y su muerte ha sido interpretada por muchos como una consecuencia directa del abandono institucional.
Elementos de la Policía Estatal intentaron contener la situación con gas lacrimógeno, logrando retomar el control del edificio horas después.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una carpeta de investigación y reportó la detención de al menos ocho personas involucradas en los hechos.
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato y prometió que “no habrá impunidad”, aunque los gritos de “¡Asesino!” durante el funeral del alcalde reflejan el profundo descontento social y la desconfianza hacia el gobierno estatal y federal.
Este episodio ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de los funcionarios públicos en Michoacán y la creciente presión ciudadana para que se tomen medidas concretas contra el crimen organizado.
La quema del Palacio de Gobierno no solo representa un acto de protesta, sino también un símbolo del hartazgo colectivo ante la violencia y la impunidad.
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