Diversas organizaciones ambientales y de derechos humanos denunciaron el avance de iniciativas legislativas y políticas públicas impulsadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que, bajo el discurso de una supuesta “economía circular”, pretenden perpetuar la producción de plásticos de un solo uso hasta el año 2040.
Esta estrategia, advirtieron, contradice el amparo ganado en agosto de 2024 que obliga al Estado mexicano a prohibir dichos materiales.
Las agrupaciones señalaron particularmente la iniciativa de la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, que propone expedir la Ley General de Economía Circular y Gestión Integral de Residuos, abrogando la vigente Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).
Según denunciaron, esta propuesta “blinda” a la industria plástica al posponer por más de una década la eliminación de los plásticos de un solo uso y al clasificarlos como “residuos estratégicos”, legitimando su generación bajo la narrativa de la economía circular.
También criticaron la iniciativa de los diputados Sergio Carlos Gutiérrez Luna y Laura Ballesteros, que excluye de la prohibición al PET transparente, uno de los principales contaminantes en México, así como la del senador Waldo Fernández González, que coloca al reciclaje y la valorización energética como ejes centrales, sin atender la jerarquía de gestión de residuos ni el principio precautorio.
Las organizaciones acusaron a la Semarnat de impulsar su propia iniciativa de ley en materia de economía circular, presumiendo un consenso con sociedad civil y sector privado, sin transparentar el documento ni someterlo a revisión pública.
“Estas iniciativas no son soluciones, son estrategias de greenwashing disfrazadas de economía circular. El gobierno federal y algunos legisladores están cediendo ante los intereses industriales”, denunció Viridiana Lázaro, de Greenpeace México.
A su vez, Ana Larrañaga, de El Poder del Consumidor, advirtió que las grandes beneficiadas serían empresas como Pepsico, Danone, Nestlé, Coca-Cola y Walmart, agrupadas en Ecoce, y señaló su vínculo con el proyecto Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi) en Hidalgo.
“El Podecibi busca imponer un parque de economía circular pese al rechazo de las comunidades afectadas, lo que reproduce modelos de contaminación y despojo”, sostuvo.
En el mismo sentido, Alain Castruita, de No es Basura, afirmó que “los llamados polos de desarrollo son zonas de sacrificio que se maquillan de sostenibilidad y bienestar, pero perpetúan el modelo extractivo y el despojo ambiental”.
Por su parte, Larisa de Orbe, de Acción Ecológica, advirtió que proyectos como el de Hidalgo “profundizan la crisis ambiental en regiones como Tula, ya declarada de emergencia ambiental y sanitaria”. Criticó que la Semarnat use como ejemplo de éxito plantas incineradoras europeas, “cuando en realidad esas tecnologías agravan la contaminación y requieren más basura para operar”.
Las agrupaciones recordaron que el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante la sentencia del 15 de agosto de 2024 (expediente 32832764), reconoció la omisión legislativa del Congreso de la Unión al no prohibir los plásticos de un solo uso y ordenó legislar para garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
“No se trata de gestionar mejor los residuos, sino de dejar de producirlos”, insistió Claudia Romero, de Fronteras Comunes.
Por su parte, José Manuel Arias, de la Asociación Ecológica Santo Tomás, pidió detener las iniciativas que amplían la vida útil del plástico y exigió cancelar el proyecto industrial de economía circular en Hidalgo. “Es una política colonialista disfrazada de desarrollo sustentable”, afirmó.
Las organizaciones exigieron el cumplimiento del amparo, el cese de alianzas con corporaciones del plástico y la creación de políticas que eliminen la producción de plásticos de un solo uso. Además, solicitaron garantizar la protección de comunidades afectadas por incineradoras y evitar la creación de nuevas zonas de sacrificio.
“México no puede seguir avalando falsas soluciones. Urge transitar hacia un modelo que priorice la salud, la justicia ambiental y la eliminación total del plástico de un solo uso”, concluyeron.
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