La diputada federal Xitlalic Ceja García (PRI) urgió al Gobierno Federal a emprender acciones concretas frente a la crisis de inseguridad que golpea a Michoacán, luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
En conferencia de prensa, acompañada por legisladores de su bancada y por el diputado local Guillermo Valencia Reyes, reprochó la falta de resultados y acusó que “Michoacán no cayó en el abandono por culpa del pasado, cayó por culpa de Morena”.
Ceja señaló que mientras el gobierno federal “reparte culpas”, la violencia en la entidad se ha disparado y hoy “los alcaldes gobiernan con miedo y los ciudadanos viven entre extorsiones, cobros de piso y balaceras”.
Por su parte, el diputado michoacano Guillermo Valencia recordó que en administraciones anteriores existieron estrategias específicas —como el Operativo Conjunto Michoacán y el Plan Michoacán— y afirmó que las medidas anunciadas por el gobierno actual carecen de recursos extraordinarios para enfrentar la emergencia de seguridad.
Valencia calificó como “irresponsable” la falta de protección a los alcaldes. Señaló que el dispositivo que cuidaba a Manzo “falló”, pues los 14 elementos de la Guardia Nacional asignados “no estaban preparados para brindar seguridad perimetral a funcionarios”.
Lamentó que el edil de Uruapan haya tenido que “pagar con su vida” para que se atendiera la situación, pese a que en repetidas ocasiones invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a acudir a la zona.
El legislador también criticó que el aparato gubernamental esté más enfocado en “cuidar la imagen” del alcalde asesinado que en resolver la violencia en el estado. Exigió a Harfuch que, si desea iniciar con seriedad el llamado “Plan Michoacán”, comience por capturar a los responsables del asesinato del líder de autodefensas Hipólito Mora y de Bernardo Bravo.
Finalmente, ambos legisladores pidieron que en la investigación por el homicidio de Carlos Manzo no se descarte la línea política, al advertir que podría tratarse de “una ejecución extrajudicial” dirigida a encubrir a los autores intelectuales.
Deja una respuesta