La extorsión mantiene en jaque a miles de empresarios en México y golpea con mayor fuerza a las micro, pequeñas y medianas empresas, advirtió el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, durante el Encuentro Anual del organismo en Tijuana.
Señaló que el “cobro de piso” dejó de ser una práctica marginal para convertirse en un mecanismo de control económico y político en numerosas regiones.
Acompañado por los 71 centros empresariales del país, Sierra Álvarez informó que en lo que va del año se han registrado 8,555 víctimas de extorsión, de las cuales casi 12% pertenecen a negocios asentados en 43 municipios fronterizos.
En estas zonas, el delito creció 15.2% respecto al año anterior, sin considerar la alta cifra negra derivada del miedo a denunciar y la posible colusión entre autoridades y grupos criminales.
“La extorsión crece sin freno y sin respuesta proporcional del Estado”, reclamó el dirigente. Reconoció que Tijuana ha logrado revertir algunas tendencias delictivas, aunque el problema persiste en diversos giros comerciales, desde mercados ambulantes hasta negocios de autopartes y yonkes.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California reportó que en el último año fueron desmanteladas 15 células criminales con 55 presuntos extorsionadores, principalmente en Tijuana, Mexicali y Ensenada.
El secretario de Seguridad estatal, Laureano Carrillo, señaló que el principal obstáculo sigue siendo el temor de los afectados a proporcionar información. “No pedimos ningún dato personal; sólo que nos digan qué está sucediendo”, aseguró.
En la clausura del encuentro, Sierra Álvarez llamó al gobierno federal a convertir el combate a la extorsión en una prioridad nacional y urgió al Senado a dictaminar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión.
Añadió que el sector empresarial impulsará mecanismos de denuncia segura, trabajo con universidades y acompañamiento a víctimas.
“No vamos a normalizar el miedo ni aceptar la renuncia del Estado a su función esencial”, concluyó.
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