La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó este lunes 17 de noviembre de 2025 que 19 personas fueron detenidas tras los hechos violentos ocurridos durante la marcha de la llamada Generación Z el pasado fin de semana.
Violencia en el Zócalo capitalino
La movilización, realizada el sábado 15 de noviembre, derivó en enfrentamientos entre manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en las inmediaciones del Zócalo. Según el reporte oficial, 100 policías resultaron heridos, de los cuales al menos 11 permanecen hospitalizados.
Las autoridades informaron que tres de los detenidos enfrentan cargos por tentativa de homicidio, mientras que otros fueron acusados de lesiones, robo y resistencia de particulares. Entre los arrestados se encuentra un menor de edad.
Posicionamiento del Gobierno capitalino
En conferencia de prensa, Clara Brugada aseguró que la actuación policial se limitó a “acciones de contención” y descartó que hubiera represión. Subrayó que los agentes acudieron desarmados y con equipo de protección, sin utilizar balas de goma ni toletes.
La mandataria capitalina atribuyó la violencia a “grupos de oposición” y a la infiltración de elementos organizados que, dijo, buscaron desestabilizar la movilización y golpear políticamente a la Cuarta Transformación.
Procesos legales y sanciones
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió carpetas de investigación contra los detenidos por diversos delitos. Además, la SSC informó que siete policías fueron suspendidos mientras se revisa su actuación en los hechos.
Brugada insistió en que el derecho a la protesta está garantizado, pero advirtió que no se tolerarán actos de violencia que pongan en riesgo la seguridad pública.
Contexto social y político
La marcha de la Generación Z había sido convocada como una expresión juvenil de inconformidad, pero terminó marcada por enfrentamientos y acusaciones cruzadas. El gobierno capitalino sostiene que la convocatoria fue impulsada por actores opositores, mientras que organizaciones civiles critican el uso de fuerza policial y exigen transparencia en las investigaciones
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