La Cámara de Diputados aprobó con 407 votos el dictamen que prohíbe cualquier intervención de personas servidoras públicas en la vida interna de los sindicatos del Estado, desde su constitución y funcionamiento hasta sus procesos electorales y decisiones internas.
La reforma, que adiciona el artículo 69 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fue enviada al Ejecutivo federal.
El dictamen establece que toda injerencia será considerada falta administrativa grave, sancionada conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. L
a prohibición incluye coaccionar, inducir o amenazar a trabajadores para apoyar o rechazar candidaturas; presionar jerárquicamente para participar en actos proselitistas; condicionar servicios, permisos, ascensos o apoyos laborales al voto sindical; ofrecer beneficios a cambio de respaldo político; o negar derechos como represalia.
También se tipifica como injerencia el uso de programas, recursos, bienes o personal institucional para favorecer a planillas o dirigencias; difundir propaganda desde áreas oficiales; permitir el uso de instalaciones o infraestructura pública para campañas; solicitar aportaciones a subordinados; y obstaculizar información o verificaciones solicitadas por autoridades laborales y sindicales.
Además, se sancionará la parcialidad o uso del cargo para influir en la opinión de la base trabajadora, afectando la libertad del voto.
Durante la discusión, la diputada Sonia Rincón Chanona (Morena) destacó que la reforma marca “un parteaguas” en la garantía y progresividad de los derechos laborales de quienes trabajan al servicio del Estado.
Subrayó que se eleva la autonomía sindical a rango de ley y se blinda frente a prácticas “perniciosas y corruptas”.
Añadió que no puede haber justicia social sin dignificación laboral y que el Estado debe ser el primer garante de los derechos que proclama.
“Con estas reformas se reafirma el compromiso con un sindicalismo libre y autónomo”, afirmó, al señalar que se trata también de un acto de congruencia ética y política.
Deja una respuesta