El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad —418 votos— el dictamen que reforma los artículos 15, 154 y 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objetivo de que el Programa Especial Concurrente incorpore acciones dirigidas a personas con discapacidad dentro de los sectores agropecuario y rural. El documento fue remitido al Senado para su análisis y efectos constitucionales.
La propuesta se sustenta en los principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establece que la discapacidad no puede ser un motivo para restringir el acceso a programas de desarrollo ni al ejercicio de derechos humanos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen siete metas diseñadas específicamente para este sector de la población y otras seis orientadas a grupos en situación de vulnerabilidad.
A nivel nacional, el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi registró 6.2 millones de personas con discapacidad en México: 3.3 millones mujeres y 2.9 millones hombres. Estas cifras representan 5.1 y 4.7 por ciento de la población de cada género, respectivamente. El dictamen subraya que este sector enfrenta con mayor frecuencia condiciones adversas, como menor acceso a educación, salud, empleo y mayores índices de pobreza.
El análisis destaca que la pobreza y la discapacidad pueden reforzarse mutuamente: la falta de servicios básicos, educación y atención médica incrementa el riesgo de adquirir una discapacidad, mientras que vivir con ella suele implicar mayores costos y oportunidades laborales limitadas. La Secretaría de Bienestar recuerda que el uso de lenguaje incluyente es fundamental para reducir la discriminación y evitar términos como “discapacitados” o “inválidos”.
Durante la discusión, el diputado Jericó Abramo Masso (PRI), promovente de la iniciativa, afirmó que la reforma permitirá que las acciones de fomento del desarrollo rural consideren de manera explícita a las personas con discapacidad. Señaló que el uso de un marco jurídico incluyente beneficia a cerca de 20 millones de personas, de las cuales ocho millones viven con alguna discapacidad.
El legislador llamó a respaldar el presupuesto con el mismo enfoque inclusivo: “Ahora es el momento de pasar de este gran logro jurídico y de diálogo, al logro jurídico y de presupuesto. Hoy las personas con discapacidad nos han puesto en la agenda la necesidad de un presupuesto diferenciado que ayude a la inclusión total, fortalezca las relaciones humanas y deje de lado cualquier tipo de discriminación”, sostuvo.
La reforma, coincidieron diputadas y diputados, representa un paso hacia la construcción de políticas públicas más justas y con perspectiva de derechos humanos en el desarrollo rural del país.
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