El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, advirtió que la iniciativa de Ley de Aguas impulsada por el Ejecutivo mantiene inquietudes sin atender y no ofrece soluciones reales para incrementar la producción agrícola. Señaló que, aunque rechaza el acaparamiento, corresponde a la autoridad identificar quiénes incurren en esa práctica y si se realiza de forma legal o ilegal.
Moreira cuestionó que el proyecto presuma incentivar los distritos de riego cuando, dijo, “no nos lleva exactamente a que haya mayor producción”. Subrayó que la discusión no debe verse como un diferendo personal, sino como un asunto de interés nacional que requiere contrapropuestas y acuerdos amplios.
Recordó que el derecho humano al agua está garantizado constitucionalmente desde 2012 y destacó problemas estructurales, como el desperdicio del 40% del agua que ingresa a la red de la Ciudad de México. Añadió que deben conciliarse los derechos al agua y a la alimentación, así como las distintas realidades productivas del país, incluyendo las preocupaciones de ganaderos y la falta de consenso con la industria minera.
El legislador también cuestionó que la iniciativa busque regular incluso la captación de agua de lluvia, lo cual —afirmó— contraviene el artículo 27 constitucional. “Ahora resulta que esta ley dice que tienes que pedir permisos”, señaló.
En el contexto económico actual, consideró imprudente imponer normas sin respaldo mayoritario. “Cuando la economía no crece, lo responsable es construir leyes con amplios consensos”, apuntó.
Sobre la regulación de vapeadores, calificó la propuesta como “excesivamente punitiva” y ejemplo de “populismo punitivo”, al imponer delitos con penas altas que, a su juicio, generan injusticias en vez de seguridad. Rechazó que se pretenda criminalizar a consumidores con adicciones y alertó que el dictamen, de 700 páginas, incorpora disposiciones centralizadoras ajenas al tema principal.
Deja una respuesta