En una sesión vespertina marcada por posicionamientos de todos los grupos parlamentarios, la Comisión de Igualdad de Género presentó el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas leyes para avanzar hacia la igualdad sustantiva y la incorporación obligatoria de la perspectiva de género en el Estado mexicano.
Al fundamentar el proyecto, la presidenta de la comisión, Anaís Miriam Burgos Hernández (Morena), afirmó que se trata de “uno de los actos de justicia más profundos” en décadas, al reconocer la dignidad y las luchas de millones de mujeres.
Subrayó que la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum —presentada el 25 de noviembre— marca un punto de inflexión al transitar de la igualdad formal a la sustantiva, con obligaciones verificables y políticas públicas obligatorias en los tres órdenes de gobierno.
Burgos destacó que la reforma exige mediciones claras de impacto, evita que la igualdad quede en el discurso e impone a las instituciones la obligación de demostrar resultados con evidencia.
En educación, salud, trabajo, vivienda, cultura y seguridad social, añadió, se establecen nuevos parámetros para garantizar espacios seguros, atención digna y eliminación de prácticas discriminatorias. También enfatizó la creación de la Secretaría de las Mujeres, a la que calificó como “un parteaguas histórico”.
Desde Morena, Any Marilú Porras y Claudia García respaldaron el dictamen al considerarlo una deuda histórica y un mandato constitucional que garantiza derechos a mujeres, niñas y adolescentes.
El PT, a través de Ana Luisa Del Muro, subrayó que la reforma transforma la vida cotidiana y refuerza la protección en todos los entornos.
El PRI, con Marcela Guerra y Xitlalic Ceja, avaló la armonización de 17 leyes, aunque insistió en asegurar recursos suficientes para implementar las medidas.
En MC, Anayeli Muñoz advirtió que el desafío central es el financiamiento, especialmente en contextos rurales donde la violencia persiste pese a los avances legislativos.
En contraste, diputadas del PAN mostraron reservas. Ana María Balderas alertó sobre riesgos de recentralización y eventuales impactos en derechos como la presunción de inocencia. Blanca Gutiérrez y Tania Palacios cuestionaron la ausencia de garantías presupuestales y señalaron que la reforma requiere “músculo”, no solo cambios normativos.
Pese a matices y críticas, la discusión evidenció consenso en que la desigualdad de género exige respuestas estructurales.
El dictamen, coincidieron varias legisladoras, plantea nuevas obligaciones para el Estado y abre un capítulo legislativo que deberá medirse no por su alcance jurídico, sino por los cambios reales en la vida de las mujeres.
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