Diputadas y diputados del PAN en la Comisión de Recursos Hidráulicos, encabezados por la vicecoordinadora Noemí Berenice Luna Ayala, solicitaron aplazar la discusión de las reformas a la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, al señalar que el dictamen acumula más de 90 correcciones y mantiene afectaciones graves para el sector productivo.
En conferencia de prensa, Luna Ayala afirmó que la reforma impulsada por el Ejecutivo federal es “nociva” y evidencia su mala elaboración. Pese a los múltiples parches, dijo, sigue atentando contra actividades primarias como la agricultura. Reconoció el trabajo de las y los diputados Samantha Margarita Garza de la Garza, Paulo Gonzalo Martínez López, Theodoros Kalionchiz de la Fuente, Marcelo Torres Cofiño y Francisco Pelayo Covarrubias, quienes —dijo— han mantenido diálogo constante con los sectores afectados.
“El campo habla y el gobierno no escucha”, subrayó.
El diputado Paulo Gonzalo Martínez López calificó el dictamen como un documento “apresurado y deficiente”, con más de 90 ajustes que no atienden las preocupaciones reales de los usuarios del agua. Afirmó que la propuesta centraliza decisiones en la Federación, elimina certeza jurídica en concesiones vinculadas a la tierra y criminaliza a productores al imponer sanciones penales. “No se puede votar una ley completamente parchada y sin sustento técnico”, advirtió.
También señaló que, aunque Morena asegura que no se prohíbe la transmisión de derechos de agua, el dictamen la condiciona a la aprobación de un comité federal integrado por Conagua, Semarnat, SHCP y Bienestar, lo que, dijo, convierte el acceso al agua en un instrumento de control político.
El diputado Theodoros Kalionchiz de la Fuente expuso que la iniciativa no garantiza el derecho humano al agua ni contempla presupuesto, infraestructura o metas técnicas. Además, denunció nuevas sanciones, ampliación de delitos y un modelo que concentra el “fondo de reserva” en la Federación sin mecanismos para retornarlo a los estados.
Marcelo Torres Cofiño sostuvo que se trata de “la gran mentira de Morena”, pues la reforma carece de recursos y únicamente busca control político sobre el sector productivo. Alertó que el presupuesto para agua disminuirá mil millones de pesos el próximo año, mientras que Conagua recauda 25 mil millones por derechos y obligaciones, lo que —aseguró— evidencia un mal manejo de los recursos y una red de corrupción.
Las y los legisladores adelantaron que no acompañarán el dictamen y exigirán abrir un nuevo espacio de discusión con productores, industria, organismos operadores y gobiernos municipales para construir una ley consensuada y justa.
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