Tras más de 24 horas de debate, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la expedición de la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por las bancadas de Morena, PT y PVEM.
La votación en lo general concluyó con 328 sufragios a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, mientras que en lo particular se avaló con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones, después de revisar más de 500 reservas.
El dictamen establece la reglamentación del derecho humano al agua y al saneamiento, previsto en el artículo 4º constitucional, y fortalece la rectoría del Estado en la administración de las aguas nacionales. Entre sus disposiciones destacan:
- Definición de responsabilidades entre Federación, estados y municipios para garantizar acceso y disposición del agua para uso personal y doméstico.
- Prohibición de intercambio de concesiones entre particulares, quedando bajo la administración de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
- Sanciones de uno a ocho años de prisión para funcionarios que otorguen concesiones a cambio de beneficios indebidos.
- Reconocimiento y fortalecimiento de sistemas comunitarios de gestión del agua.
La aprobación se dio en un contexto de protestas de agricultores en varios estados, quienes advierten que la reforma podría afectar sus actividades productivas. Aunque se aceptaron 18 reservas propuestas por Morena y aliados para atender inquietudes del sector agrícola, organizaciones campesinas mantienen su rechazo y anuncian nuevas movilizaciones.
La minuta fue enviada al Senado de la República, donde se prevé que sea discutida en fast track. De ser ratificada, la nueva legislación redefinirá la administración del recurso hídrico en México, buscando frenar el acaparamiento, transparentar el registro de títulos y garantizar la disponibilidad del agua como derecho humano
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