La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) presentó una iniciativa para que universidades públicas, instituciones de educación superior y centros públicos de investigación puedan gestionar de manera autónoma los recursos económicos que obtienen por actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación o vinculación con sectores social, productivo, académico e internacional.
La propuesta, que adiciona un artículo 33 Bis a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, fue turnada a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Márquez Alcalá explicó que la reforma busca subsanar la falta de reconocimiento legal al derecho de estas instituciones a ejercer libremente los recursos que generan, pues hoy la normatividad presupuestaria no distingue entre los ingresos autogenerados y los subsidios federales.
Debido a ello, dichos ingresos suelen clasificarse como excedentes sujetos a reintegros o a la autorización de autoridades hacendarias, lo que limita su aprovechamiento e inhibe la productividad académica. La legisladora sostuvo que la modificación atiende un vacío legal y fortalece el principio de progresividad del derecho a la ciencia, al permitir que los beneficios del conocimiento se reinviertan en la mejora institucional y el bienestar colectivo.
Recordó también que la medida es congruente con compromisos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 15 reconoce el derecho de toda persona a participar en el progreso científico y en sus beneficios.
Márquez Alcalá aclaró que la autonomía propuesta no exime a las instituciones del cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, ni elimina la supervisión del gasto público. Tampoco implica costos adicionales para el erario ni altera el régimen de subsidios existentes, sino que reconoce la facultad de administrar los recursos propios conforme a la ley.
“La iniciativa no solo responde a una necesidad técnica, sino también a un compromiso político con la construcción de un país donde la generación de conocimiento cuente con condiciones institucionales para crecer, transferirse y traducirse en prosperidad social”, afirmó.
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