La diputada Ana Isabel González González (PRI) presentó una iniciativa que adiciona los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies a la Ley General de Educación, con el objetivo de atender el bullying como una responsabilidad compartida entre Estado, padres de familia y autoridades educativas.
La propuesta establece que el Estado deberá priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia, garantizando programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.
De acuerdo con la iniciativa, se entenderá por bullying toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada por un estudiante hacia otro, con el fin de intimidar, excluir o dañar.
Asimismo, se plantea que los padres o tutores tendrán la obligación de participar en programas de prevención y capacitación sobre convivencia escolar, colaborar con las autoridades educativas en la corrección de conductas y garantizar atención psicológica a sus hijos cuando así lo determine la autoridad escolar.
En caso de reincidencia, se prevén medidas graduales: amonestación y cursos de parentalidad positiva en la primera falta; multa proporcional al ingreso familiar en la segunda; y canalización obligatoria a instancias de procuración de justicia en la tercera, siempre bajo el principio de proporcionalidad y evitando criminalizar a los menores.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Educación para su dictamen, también contempla que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Sistema Nacional DIF y las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, establezca los lineamientos para su aplicación.
En su exposición de motivos, González González subrayó que el acoso escolar se ha consolidado como una de las principales causas de deserción en la educación básica, con graves consecuencias psicológicas y un aumento en la violencia juvenil. Consideró que un marco regulatorio claro permitirá cerrar vacíos legales y garantizar un entorno educativo más seguro, donde docentes y estudiantes cuenten con herramientas para identificar y enfrentar el acoso.
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