Tras un intenso debate de casi nueve horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe en todo el país la comercialización, producción e importación de vapeadores y cigarrillos electrónicos, incluidos los desechables y los dispositivos que calientan tabaco. La votación cerró con 292 votos a favor y 163 en contra, reflejando la división entre las bancadas.
La iniciativa, derivada de una propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece penas de hasta ocho años de cárcel y multas superiores a 226 mil pesos para quienes fabriquen, distribuyan o vendan estos productos. Sin embargo, a propuesta de Morena se incorporó una reserva que aclara que no habrá sanciones para quienes consuman o posean vapeadores, limitando las medidas únicamente a los actores de la cadena comercial.
El dictamen aprobado describe a los sistemas de vapeo como una amenaza creciente para la salud pública, especialmente por su popularidad entre jóvenes y la falta de controles sobre las sustancias que contienen. Legisladores de oposición advirtieron que la prohibición podría incentivar el mercado negro, mientras que defensores de la reforma subrayaron la necesidad de un marco legal más rígido para prevenir daños y garantizar vigilancia.
La discusión también evidenció tensiones internas en partidos aliados, como el PT, y abrió un debate sobre la pertinencia de destinar recursos del Fondo de Salud para el Bienestar a otras prioridades, tras eliminarse el candado que aseguraba un porcentaje para enfermedades graves.
Con esta decisión, México se encamina hacia una prohibición total de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, consolidando una política de salud pública que busca frenar el avance de estos dispositivos en el mercado nacional
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