La presidenta de México exigió que Naciones Unidas promuevan soluciones pacíficas en medio de la escalada entre Washington y Caracas.
Carlos Lara Moreno
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó hoy la postura de México frente a la crisis generada por el bloqueo y acciones de Estados Unidos contra Venezuela, y urgió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a asumir un papel activo para evitar un conflicto mayor.
En conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que México defiende “la no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias”, y llamó a que “cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no la intervención”.
Añadió que “esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México” por convicción y por Constitución.
El llamado coincide con una escalada de medidas de Estados Unidos contra Venezuela, que incluye la reciente incautación de un petrolero sancionado en el Caribe por parte de Washington, así como el anuncio de un bloqueo total de petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, intensificando las tensiones en la región.
La comunidad internacional ha observado con preocupación estas medidas; países como Alemania han advertido contra acciones que puedan “comprometer la paz”, y Caracas ha denunciado ante la ONU lo que considera violaciones del derecho internacional.
Sheinbaum también llamó expresamente a la ONU para que ejerza su mandato y evite “cualquier derramamiento de sangre”, subrayando que el organismo ya ha estado involucrado en Venezuela mediante misiones destinadas a evaluar violaciones de derechos humanos y recomendar soluciones pacíficas.
La presidenta explicó además que la postura de México se mantiene incluso al margen de opiniones sobre el régimen de Nicolás Maduro o la política interna venezolana, insistiendo en que “la solución pacífica de los conflictos y el diálogo por la paz” deben prevalecer.
Cabe destacar que las sanciones estadounidenses datan de varios años y han sido aplicadas en respuesta a lo que Washington considera violaciones a derechos humanos y erosión de la democracia en Venezuela, aunque también existen críticas sobre su impacto humanitario y legalidad bajo el derecho internacional.
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