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Proponen programa nacional contra violencia y adicciones a través del deporte

La iniciativa del PRI busca incorporar en la ley un enfoque preventivo para jóvenes, con coordinación interinstitucional y evaluación anual de resultados.

La diputada Ana Isabel González González (PRI) propuso crear, dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte, un programa nacional para la prevención social de la violencia, la delincuencia y las adicciones en jóvenes mediante la práctica deportiva.

La iniciativa plantea que el Estado reconozca al deporte y la cultura física como instrumentos esenciales de prevención y garantice el interés superior de la niñez, con políticas públicas que impulsen la práctica sistemática del deporte bajo criterios de inclusión, igualdad y equidad de género, libres de discriminación.

El documento, que reforma el artículo 4 de la ley, fue turnado a la Comisión de Deporte y establece que los espacios deportivos deberán promover entornos comunitarios pacíficos y de convivencia armónica.

Asimismo, señala que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en coordinación con las secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, Bienestar, Educación Pública y Salud, así como con entidades federativas y municipios, sentará las bases para implementar la estrategia preventiva.

El Programa Nacional tendrá como objetivo definir lineamientos, identificar riesgos, fijar metas y ofrecer servicios en Centros de Desarrollo, con énfasis en accesibilidad universal, gratuidad, salud preventiva, educación física y desarrollo de habilidades socioemocionales.

La Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte será responsable de ejecutar el programa y coordinarse con políticas federales y estatales de juventud, salud y educación, con personal especializado en cultura física, psicología, nutrición y trabajo social.

La propuesta incluye mesas intersecretariales —con participación de Hacienda, sociedad civil y academia— y prevé una revisión anual del programa, con informe de avances ante la Cámara de Diputados y un sistema de evaluación de impacto para medir la reducción de la violencia y la mejora en la calidad de vida de jóvenes beneficiarios.

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