La diputada Ana Isabel González González, del Partido Revolucionario Institucional, impulsa una reforma para establecer que se entenderá por explotación de una persona el reclutamiento, coacción, traslado u obligación para involucrarla en actividades ilegales de grupos delictivos, mediante violencia, amenazas, fraude, engaños o cualquier circunstancia de vulnerabilidad.
La iniciativa plantea que la pena se incremente hasta en un 50 por ciento cuando la víctima sea menor de edad, indígena, persona con discapacidad, migrante o en situación de calle. La propuesta adiciona una fracción XII al artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos.
Al exponer los motivos, la legisladora subraya que “en México, en la actualidad, no hay una tipificación concreta para el delito de reclutamiento y explotación de niños, niñas y adolescentes”, lo que representa un riesgo grave para este sector. Por ello, considera fundamental un cambio al Código Penal Federal como herramienta preventiva contra el reclutamiento infantil y adolescente, así como indispensable la reforma a la Ley General para subsanar esta omisión.
González González cita estimaciones de organizaciones civiles que señalan que al menos 30 mil menores han sido reclutados por el crimen organizado y hasta 250 mil se encuentran en riesgo. “La promesa de dinero es uno de los principales ganchos utilizados para atraerlos. Además de estos problemas, debemos sumar la pobreza y marginalidad… así como la deserción escolar y la baja provisión de servicios por parte del Estado”, puntualiza.
Finalmente, advierte que la violencia ha alcanzado a todos los niveles sociales y ha lacerado de manera particular a las personas menores de edad, como en el caso ocurrido el 3 de noviembre en la Ciudad de México, donde un adolescente asesinó a un vigilante, o el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en Uruapan, presuntamente cometido por un joven de 17 años.















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