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PRI impulsa tipificación del reclutamiento criminal como forma de explotación

La diputada Ana Isabel González González propone reformar la Ley General contra la Trata de Personas para castigar el reclutamiento forzado, con penas agravadas cuando las víctimas sean menores o poblaciones vulnerables.

La diputada Ana Isabel González González, del Partido Revolucionario Institucional, impulsa una reforma para establecer que se entenderá por explotación de una persona el reclutamiento, coacción, traslado u obligación para involucrarla en actividades ilegales de grupos delictivos, mediante violencia, amenazas, fraude, engaños o cualquier circunstancia de vulnerabilidad.

La iniciativa plantea que la pena se incremente hasta en un 50 por ciento cuando la víctima sea menor de edad, indígena, persona con discapacidad, migrante o en situación de calle. La propuesta adiciona una fracción XII al artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos.

Al exponer los motivos, la legisladora subraya que “en México, en la actualidad, no hay una tipificación concreta para el delito de reclutamiento y explotación de niños, niñas y adolescentes”, lo que representa un riesgo grave para este sector. Por ello, considera fundamental un cambio al Código Penal Federal como herramienta preventiva contra el reclutamiento infantil y adolescente, así como indispensable la reforma a la Ley General para subsanar esta omisión.

González González cita estimaciones de organizaciones civiles que señalan que al menos 30 mil menores han sido reclutados por el crimen organizado y hasta 250 mil se encuentran en riesgo. “La promesa de dinero es uno de los principales ganchos utilizados para atraerlos. Además de estos problemas, debemos sumar la pobreza y marginalidad… así como la deserción escolar y la baja provisión de servicios por parte del Estado”, puntualiza.

Finalmente, advierte que la violencia ha alcanzado a todos los niveles sociales y ha lacerado de manera particular a las personas menores de edad, como en el caso ocurrido el 3 de noviembre en la Ciudad de México, donde un adolescente asesinó a un vigilante, o el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en Uruapan, presuntamente cometido por un joven de 17 años.

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