A fin de ampliar la protección de los derechos económicos de las personas adultas mayores, la diputada Azucena Huerta Romero (PVEM) propuso reformar el Código Penal Federal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para tipificar la explotación financiera y sancionarla con penas de cuatro a ocho años de prisión y multa.
La iniciativa, turnada a las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, crea el delito de explotación financiera cuando, mediante una relación de confianza o dependencia, se disponga indebidamente de los recursos, bienes o pensión de personas mayores de 65 años, sin su consentimiento. El delito se perseguirá de oficio y la pena aumentará si la víctima tiene alguna discapacidad.
Además, plantea obligar a las instituciones financieras a simplificar trámites y a establecer protocolos para detectar y notificar transacciones sospechosas a la Fiscalía General de la República.
La legisladora citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que indican que en 2021 el 4.7% de las mujeres de 60 años o más sufrió violencia económica familiar, así como registros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, según los cuales 63% de las reclamaciones de adultos mayores ante la banca están relacionadas con posibles fraudes.
Huerta Romero subrayó que el marco legal actual es insuficiente, ya que el abuso de confianza se persigue por querella, lo que —dijo— inhibe la denuncia y garantiza la impunidad, especialmente en casos donde el agresor es un familiar cercano.
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