El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que las reformas que contemplan la figura de los llamados “jueces sin rostro” buscan dotar a las personas juzgadoras de un marco jurídico con perspectiva de derechos humanos, además de erradicar el rezago, la corrupción y la falta de supervisión en el sistema de justicia.
“El 25 de junio de 2025 la Presidencia de la República remitió a la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”, recordó Monreal en el documento Agenda Legislativa 2026 de su bancada.
Detalló que la propuesta se encuentra en análisis en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado y se prevé que forme parte de la agenda legislativa 2026 de la Cámara de Diputados.
Sobre la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, explicó que las modificaciones buscan “establecer las medidas necesarias de protección, para preservar la seguridad de las personas juzgadoras”. Para ello, dijo, se adiciona el Capítulo VIII “De la protección de las personas”, que permite resguardar la identidad y seguridad de jueces mediante medidas solicitadas por el Órgano de Administración Judicial.
“Otro cambio que permitirá la reforma es que agentes del Ministerio Público de la FGR adscritos a otras unidades administrativas puedan investigar delitos de delincuencia organizada, con el consentimiento de la Unidad Especializada”, señaló.
En cuanto al Código Nacional de Procedimientos Penales, Monreal sostuvo que la reforma pretende fortalecer la impartición de justicia tras la reforma constitucional al Poder Judicial de septiembre de 2024. “Se busca erradicar el rezago, la corrupción y la poca supervisión que actualmente caracteriza al sistema de justicia”, subrayó.
Añadió que se delimitan plazos procesales para garantizar una justicia pronta y expedita, se refuerza la obtención lícita de pruebas con respeto a los derechos fundamentales y se establecen criterios objetivos para aplicar medidas de seguridad a personas juzgadoras en casos de delincuencia organizada.
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