La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral concluyó un proceso de consulta nacional que reunió mil 357 propuestas para modificar la legislación en la materia, informó su presidente ejecutivo, Pablo Gómez Álvarez, al presentar los ejes de la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El funcionario detalló que se realizaron 63 audiencias públicas —31 en entidades federativas, siete en Estados Unidos, una audiencia migrante en la capital y 24 en la Secretaría de Gobernación— con la participación de 181 personas vinculadas directamente al sistema electoral mexicano, entre consejeros y magistrados.
“México atraviesa una transformación profunda desde las elecciones de 2018”, afirmó, al sostener que las reglas actuales no corresponden al nuevo contexto político. “La nueva realidad democrática no puede continuar operando bajo reglas diseñadas dentro de un contexto histórico distinto”, añadió.
Recorte presupuestal y reestructura institucional
Uno de los ejes centrales es la reducción del financiamiento público a los partidos en una cuarta parte. Gómez Álvarez reconoció que el subsidio estatal garantiza equidad, pero subrayó que su monto debe ajustarse a las condiciones actuales del país.
“Ha llegado el momento de revisar los gastos de los procesos electorales”, señaló, al recordar que en 2024 el gasto total del sistema electoral alcanzó 61 mil millones de pesos.
La propuesta también contempla modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral para evitar lo que calificó como “hipertrofia” administrativa, mediante la creación de órganos temporales suficientes para organizar elecciones y consultas.
En materia de control de recursos, planteó consolidar la fiscalización como función exclusiva del INE en los ámbitos federal y local. “El fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral sería la reforma más importante en materia de fiscalización”, sostuvo.
El modelo incluiría un sistema de información cotidiana para monitorear operaciones financieras de partidos y candidatos, con el objetivo de prevenir la injerencia de recursos ilícitos. Según dijo, el Estado contaría así con mejores instrumentos para evitar la “captura criminal” de los procesos electorales.
Más participación y reconocimiento a la diáspora
La iniciativa propone establecer reglas comunes para consultas populares en todo el país, ante el bajo impacto actual de los mecanismos de democracia participativa. Asimismo, plantea reconocer constitucionalmente a la diáspora mexicana y permitir que los connacionales en el extranjero elijan diputados propios por representación proporcional.
“Se trata de transitar hacia un modelo en el que la pluralidad política sea expresión directa de la voluntad popular”, explicó.
En el ámbito de la comunicación política, Gómez Álvarez indicó que se debe delimitar con precisión el concepto de propaganda para evitar abusos sin afectar la libertad informativa.
“Las campañas con contenidos engañosos y mentirosos no deben permitirse”, afirmó, y propuso hacer obligatorio el etiquetado de contenidos elaborados con inteligencia artificial.
Al cierre, enfatizó que la propuesta presidencial “no es un ajuste administrativo más”, sino una reforma estructural orientada a fortalecer la legitimidad democrática, racionalizar el gasto y ampliar la participación ciudadana.
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