Destapan presunto cártel de material electoral en el INE; exigen investigar contratos de 25 años

Diputados del PVEM y PT exigieron esclarecer una presunta red de concentración de contratos para el suministro de boletas y material electoral que, según denunciaron, habría operado durante más de 25 años en el Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales estatales. Los presidentes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Javier Herrera Borunda, y de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Mejía Berdeja, demandaron al titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, transparentar las investigaciones sobre posibles sobrecostos, adjudicaciones irregulares y concentración de contratos entre proveedores. La comparecencia del contralor ante comisiones unidas de la Cámara de Diputados fue convocada para revisar las investigaciones y determinar si existen elementos que ameriten procedimientos administrativos o denuncias penales. Grupo Animal+1 Acusan concentración de contratos electorales durante 25 años Mejía Berdeja señaló directamente a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández, a quienes atribuyó una participación predominante en el negocio de producción y suministro de boletas, urnas y otros materiales electorales. El legislador del PT sostuvo que ambos empresarios habrían obtenido contratos durante distintas administraciones del organismo electoral, incluidas las encabezadas por Luis Carlos Ugalde, Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei, así como en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). “Es decir, hay un cártel del material electoral que tiene José Alfredo Hernández y que fue tolerado y auspiciado por todas las gestiones del INE, pues de eso queremos que se vaya a fondo”, acusó. El diputado recordó que en 2005 Ricardo Monreal denunció presuntas irregularidades en una adjudicación de material electoral en el Estado de México, relacionada con una empresa que vinculó a los hermanos Hernández. Según su señalamiento, aquella contratación habría representado un sobrecosto de 42 millones de pesos. Mejía también hizo referencia a grabaciones difundidas públicamente sobre contrataciones de material electoral en Coahuila y Veracruz, cuyos contenidos, consideró, deben ser examinados por las autoridades. Las acusaciones sobre una presunta red de proveedores y los sobrecostos señalados requieren determinar responsabilidades mediante las investigaciones correspondientes. Exigen al contralor del INE revelar avances de investigaciones Por su parte, Herrera Borunda explicó que las comisiones acordaron ejercer sus facultades de control parlamentario para conocer las acciones realizadas por el OIC ante las irregularidades denunciadas. “La intención es tener un ejercicio de control parlamentario, que es una de las obligaciones que tenemos nosotros los legisladores, vigilar a quienes vigilan”, afirmó. El legislador del Partido Verde señaló que la comparecencia debe desarrollarse bajo el principio de máxima publicidad, aunque reconoció que algunos datos deberán mantenerse reservados para no comprometer las investigaciones ni afectar el debido proceso. “La idea es que sea un ejercicio de máxima publicidad, de cara al pueblo, entendiendo que hay líneas de investigación que amerita por fundamento legal que se tengan que mantener sin mencionar ciertos nombres o técnicas”, explicó. Herrera Borunda aseguró que los cuestionamientos de los diputados buscarán esclarecer las posibles anomalías sin interferir en procedimientos que puedan derivar en sanciones. Ponen bajo la lupa adjudicaciones y sobrecostos del INE Piden revisar denuncias ante Fiscalía y Tribunal administrativo Mejía Berdeja recordó que Carvente Contreras ya había comparecido ante legisladores el 10 de diciembre de 2025 y el 9 de septiembre de 2026, cuando abordó investigaciones relacionadas con el ejercicio de recursos y contrataciones del organismo electoral. De acuerdo con el diputado, el titular del OIC también remitió un informe en el que se mencionan investigaciones abiertas sobre estas contrataciones. “Todo se tiene que aclarar, todo”, enfatizó. El petista planteó que el órgano fiscalizador deberá precisar el número de expedientes, denuncias y procedimientos iniciados, así como determinar cuáles requieren intervención de la Fiscalía General de la República o del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación revisa el tema, por lo que consideró necesario conocer el alcance de las investigaciones de ambas instancias. Contralor detecta presunta colusión entre proveedores Durante su comparecencia de este viernes, Carvente Contreras informó sobre una presunta red de cinco empresas relacionadas entre sí que habrían simulado competencia en contrataciones de material electoral. Según la exposición del contralor, las contrataciones examinadas superan los 2 mil 400 millones de pesos y presentan indicios de un problema estructural de concentración de proveedores. El funcionario también advirtió sobre presuntos incrementos artificiales de precios y explicó que el OIC cuenta con expedientes de investigación abiertos para determinar responsabilidades. La Jornada+1 Con estos antecedentes, los legisladores insistieron en que la fiscalización debe abarcar tanto las contrataciones del INE como las realizadas por organismos electorales estatales, a fin de establecer el alcance de las irregularidades y deslindar responsabilidades.

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