La Cámara de Diputados aprobó hoy, en lo general y en lo particular con modificaciones, el dictamen que reforma y adiciona disposiciones en la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones, el documento —derivado de una iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo— fue devuelto al Senado para efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Cambios clave: “interés público” por “disposiciones de orden público” y eliminación de una fracción
Durante el debate en lo particular, se aprobó una reserva presentada por el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), también respaldada por la diputada Mariana Benítez Tiburcio. Esta reserva modifica la fracción III del artículo 128 de la Ley de Amparo, sustituyendo la expresión “interés público” por “disposiciones de orden público”. Además, se propone eliminar la fracción V, que establecía que “de ejecutarse el acto se puedan causar daños de difícil reparación”.
Moreno Rivera argumentó que el término “interés público” puede prestarse a interpretaciones amplias o discrecionales que permitan negar una suspensión alegando afectaciones al interés estatal. En cambio, “disposiciones de orden público” —dijo— es una categoría técnica y precisa que al ponderar efectos de suspensión, evita que se niegue sin fundamento técnico. Asimismo, sostuvo que la fracción V resulta ambigua e incompatible con el texto constitucional y los principios de progresividad de derechos humanos.
Reacciones de las bancadas
- PRI: El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez calificó el cambio como “cosmético”, pues a su juicio no resolverá los problemas estructurales del juicio de amparo ni eliminará la vaguedad del concepto de “daño significativo a la colectividad”.
- PT: Lilia Aguilar Gil defendió que “interés público” alude a valores colectivos protegidos por el Estado, mientras que “disposiciones de orden público” son normas imperativas que regulan principios fundamentales.
- PAN: El diputado César Israel Damián Retes sostuvo que “interés público” abarca lo que conviene al Estado, por lo que modificar el término es insuficiente. La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado aseguró que el cambio amplía discrecionalidades del poder público, limita el control ciudadano y compromete la progresividad de derechos. José Guillermo Anaya Llamas lo calificó como un intento de “lavarse la cara” frente a lo que consideró una reforma que restringe derechos.
- Morena / Partidos aliados: Hugo Eric Flores Cervantes defendió el cambio como respuesta responsable a audiencias públicas. Mariana Benítez Tiburcio señaló que las reservas responden al espíritu de la reforma de suspensión. Ricardo Monreal Ávila —coordinador de Morena— afirmó que la modificación busca reducir los miles de recursos y solicitudes de nulidad promovidas por grandes despachos. Mencionó que actualmente hay más de 2,000 créditos fiscales que grandes empresas rehúsan pagar y más de 2,000 juicios de nulidad en espera, por un monto superior a 100 mil millones de pesos. Subrayó que la reforma busca que esos montos “paguen lo justo al erario y no queden en manos de evasores, delincuencia de cuello blanco o que se prolonguen décadas”.
- PRI (añadido): Emilio Suárez Licona afirmó que admitir reservas es reconocer fallas en la formulación original, pero sostuvo que incluso con modificaciones persisten problemas de certeza jurídica para quienes invierten en concesiones o permisos federales.
Otro cambio aprobado: fracción XVI del artículo 129
También se aceptó una reserva de los diputados Ricardo Monreal Ávila (Morena) y Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) para modificar la fracción XVI del artículo 129 de la Ley de Amparo. La redacción propuesta señala que se podrá continuar con actividades o servicios sujetos a permiso, autorización o concesión federal cuando no se cuente con la misma, eliminando el tramo que se refiere a casos de revocación o suspensión previa.
Mejía Berdeja explicó que ese cambio beneficiará a quienes originalmente contaban con autorización pero que fueron revocadas, permitiendo que defiendan su continuidad mediante suspensión provisional en el juicio de amparo.
Perspectivas y próximos pasos
Con la aprobación en San Lázaro, el dictamen regresará al Senado para que asuma la revisión correspondiente en los términos establecidos en el inciso e) del artículo 72 constitucional. Ahí podrá aceptarse, modificarse o rechazarse lo aprobado por los diputados.
La reforma —presentada por la presidencia— busca instrumentar una transformación sustantiva en el sistema de amparo, el control de actos fiscales y la organización del tribunal administrativo. Sus defensores la ven como un avance en eficiencia, reducción de litigios abusivos y fortalecimiento de la recaudación. Sus críticos la consideran una concesión al poder público con riesgo de vulnerar derechos ciudadanos.
La disputa ahora se traslada al Senado, donde se definirá el sentido final de estas enmiendas y su alcance jurídico-político.
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