Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España manifestaron de manera conjunta su profunda preocupación y rechazo ante las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, al considerar que contravienen principios fundamentales del derecho internacional, como la prohibición del uso de la fuerza, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
En el pronunciamiento, los países advirtieron que este tipo de acciones constituye un precedente peligroso para la paz y la seguridad regional, además de poner en riesgo directo a la población civil.
Asimismo, reiteraron que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, a través del diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas y en estricto apego al derecho internacional. Subrayaron que solo un proceso político inclusivo, liderado por los propios venezolanos, puede conducir a una solución democrática y sostenible.
Los gobiernos firmantes reafirmaron también el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz y llamaron a la unidad regional frente a cualquier acción que amenace la estabilidad. En ese marco, exhortaron al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a contribuir a la desescalada de tensiones mediante sus buenos oficios.
Finalmente, expresaron su preocupación ante cualquier intento de control, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos en Venezuela, al considerar que ello es incompatible con el derecho internacional y representa una amenaza para la estabilidad política, económica y social de la región.
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