Después de semanas de negar que sus instalaciones estuvieran detrás de la emergencia ambiental, Petróleos Mexicanos (Pemex) admitió que una fuga en uno de sus ductos ocasionó el megaderrame de crudo que afectó amplias zonas del Golfo de México, con impactos en litorales de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.
El reconocimiento oficial ocurrió durante una conferencia encabezada por el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien informó que la filtración se localizó en un oleoducto de 36 pulgadas en las inmediaciones de la plataforma Abkatún, dentro del complejo Cantarell, una de las principales zonas petroleras marinas del país.
De acuerdo con la explicación ofrecida por la empresa, la fuga fue detectada desde el 8 de febrero y los trabajos de reparación concluyeron diez días después, el 18 de febrero. Sin embargo, durante ese lapso el hidrocarburo se dispersó por corrientes marinas y alcanzó playas, zonas pesqueras, manglares y ecosistemas costeros, lo que provocó denuncias de pescadores, organizaciones civiles y especialistas ambientales.
Como primera consecuencia política y administrativa, Pemex anunció la separación de tres mandos presuntamente vinculados con omisiones en el manejo del incidente. Se trata del subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos; y el responsable de Derrames y Residuos. La empresa no difundió los nombres de los funcionarios removidos.
El caso exhibe un giro en la narrativa oficial. El pasado 23 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el derrame no provenía de Pemex, sino de una embarcación privada, e incluso se habló de posibles emanaciones naturales como causa del fenómeno. La nueva versión reconoce ahora que sí existió una falla en infraestructura de la empresa estatal.
La rectificación se dio luego de que investigaciones periodísticas y análisis satelitales apuntaran hacia instalaciones de Cantarell. Datos públicos sobre trayectorias marítimas y maniobras técnicas habían detectado operaciones prolongadas de embarcaciones contratadas por Pemex sobre la ruta del ducto posteriormente identificado como origen de la fuga.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentó una denuncia para determinar si hubo negligencia, retraso en la atención o encubrimiento de información. Paralelamente, autoridades federales aseguraron que continúan labores de limpieza, monitoreo costero y evaluación de daños ambientales y económicos en comunidades pesqueras.
El episodio se suma a una cadena de incidentes registrados por Pemex en lo que va de 2026, entre ellos incendios en la refinería Olmeca de Dos Bocas, derrames en Veracruz y un incidente de diésel en Deer Park, Texas, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre mantenimiento, protocolos de seguridad y capacidad de respuesta de la empresa productiva del Estado.
Especialistas consideran que el costo político del derrame no radica sólo en la contaminación, sino en el retraso para reconocer el origen real del problema. La admisión de Pemex abre ahora una nueva etapa: cuantificar el daño, reparar a las comunidades afectadas y fincar responsabilidades administrativas, civiles o penales.
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