La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su política migratoria al ordenar una mayor vigilancia sobre las operaciones financieras de personas sin estatus migratorio regular, una medida que podría dificultar el acceso de millones de migrantes indocumentados a cuentas bancarias, créditos y otros servicios financieros.
La nueva estrategia, impulsada mediante una orden ejecutiva firmada el pasado 19 de mayo, instruye al Departamento del Tesoro y a los reguladores financieros a reforzar los mecanismos de supervisión para detectar riesgos asociados con el uso del sistema bancario por parte de personas que carecen de autorización legal para trabajar o permanecer en Estados Unidos.
Aunque la Casa Blanca evitó imponer de manera obligatoria que los bancos recopilen información sobre ciudadanía o estatus migratorio de todos sus clientes, la orden sí abre la puerta a mayores procesos de verificación y debida diligencia, particularmente en casos donde se utilicen Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para abrir cuentas o solicitar productos financieros.
El Departamento del Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió además una alerta para que las instituciones bancarias identifiquen señales de posible fraude laboral, evasión fiscal, robo de identidad o lavado de dinero vinculados a trabajadores indocumentados y a empresas que los contratan.
La guía incluye una lista de indicadores de riesgo que deberán ser monitoreados por los bancos y reportados a las autoridades cuando existan sospechas de actividades ilícitas relacionadas con la contratación de mano de obra no autorizada.
La administración Trump argumenta que estas medidas buscan proteger la integridad del sistema financiero estadounidense y combatir esquemas de fraude asociados con la inmigración irregular. Sin embargo, organizaciones defensoras de migrantes y expertos financieros advierten que la política podría provocar la exclusión de millones de personas del sistema bancario formal, obligándolas a recurrir a mecanismos informales o más costosos para manejar su dinero.
Analistas señalan que la ofensiva financiera forma parte de una estrategia más amplia para restringir los incentivos económicos de la migración irregular, que incluye mayores controles sobre beneficios fiscales, transferencias de dinero y acceso a productos crediticios.
La medida podría impactar especialmente a trabajadores que utilizan un ITIN para cumplir con sus obligaciones fiscales y que, hasta ahora, podían acceder a determinados servicios bancarios aun sin contar con un número de Seguro Social.
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