La diputada María del Rosario Guzmán Avilés (PAN) presentó una iniciativa para modificar la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, con el objetivo de incrementar las penas cuando la víctima sea una niña o niño menor de tres años de edad.
La propuesta reforma el artículo 10 de dicha ley para que la sanción, actualmente establecida de cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, se incremente hasta en una mitad tanto en su mínimo como en su máximo, en razón de la alta peligrosidad del delito y la extrema indefensión de la víctima.
En la exposición de motivos, la legisladora señala que el secuestro es uno de los delitos más graves y lacerantes para la sociedad mexicana, ya que no solo afecta a la víctima directa, sino también a sus familiares y entorno cercano. Agrega que el impacto es aún mayor cuando se comete durante la primera infancia, particularmente entre los cero y tres años, una etapa clave para el desarrollo físico y mental de las y los menores.
Destaca que en ese periodo el apego es fundamental y no se limita al ámbito emocional, pues existen necesidades biológicas y de salud como la lactancia, los cuidados preventivos, la vacunación y la vigilancia nutricional, las cuales se ven gravemente interrumpidas en un secuestro.
La iniciativa subraya que los menores que sufren hechos traumáticos o violentos a temprana edad pueden arrastrar secuelas durante toda su vida. De acuerdo con especialistas, la exposición temprana al trauma y al estrés crónico incrementa la probabilidad de padecer trastornos de ansiedad, depresión, problemas de salud mental, adicciones, diabetes y obesidad.
Guzmán Avilés refiere cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según las cuales uno de cada diez secuestros registrados en México entre enero de 2015 y diciembre de 2024 tuvo como víctimas a niñas, niños y adolescentes.
Por ello, sostiene que es necesario endurecer las sanciones para que quien cometa “tan deleznable acto tenga una sentencia aún mayor”. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis.
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