La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó la discusión de proyectos de alto impacto relacionados con los desalojos en la Ciudad de México y con la facultad de las fiscalías para asegurar bienes sin orden judicial, luego de retirarlos del orden del día de una sesión pública.
Uno de los asuntos pospuestos corresponde a una acción de inconstitucionalidad que cuestiona disposiciones locales sobre desalojos forzosos en la Ciudad de México, al considerar posibles vulneraciones a derechos humanos, particularmente al derecho a la vivienda y al debido proceso. El proyecto había generado inquietud entre colectivos ciudadanos y organizaciones civiles que alertaron sobre un eventual debilitamiento de las garantías para personas en situación de arrendamiento o posesión.
Además, fueron retirados proyectos que analizaban si la Fiscalía General de la República puede asegurar bienes inmuebles sin contar previamente con una orden judicial, un tema clave en el debate sobre los límites de las facultades del Ministerio Público y el control judicial en investigaciones penales. De aprobarse un criterio permisivo, advertían críticos, se abriría la puerta a afectaciones a la seguridad jurídica de propietarios y terceros.
El aplazamiento ocurrió en medio de protestas y presiones sociales frente a la sede del máximo tribunal, lo que llevó a los ministros a optar por diferir la discusión sin que se anunciara una nueva fecha para su reprogramación. La decisión deja en pausa la definición de criterios que podrían tener alcances nacionales, tanto en materia de política de vivienda como en la actuación de las fiscalías.
Por ahora, la Corte mantiene sin resolver estos temas sensibles, mientras distintos sectores demandan que el análisis incorpore un enfoque de derechos humanos, legalidad y control judicial, antes de que se emita una resolución definitiva.















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