El Pleno de la Comisión Permanente dio cuenta de la recepción de una iniciativa ciudadana que propone reformar los artículos 41, 54, 63, 116 y 134 de la Constitución Política en materia político-electoral, con cambios al modelo de financiamiento de los partidos y a los mecanismos de fiscalización.
La propuesta establece que el 50 por ciento del financiamiento público a partidos políticos se distribuya de manera igualitaria y el 50 por ciento restante conforme al porcentaje de votos obtenido en la elección inmediata anterior de diputaciones. Además, plantea la creación de una plataforma tecnológica de denuncia ciudadana para que las personas reporten en tiempo real ante el Instituto Nacional Electoral los gastos de campaña visibles, como mantas, bardas, espectaculares, propaganda impresa o contenidos en redes sociales.
El documento señala que la ley deberá garantizar un proceso de fiscalización público, a fin de que la ciudadanía conozca los gastos reportados al INE, y propone asegurar a las candidaturas independientes financiamiento público no menor al 20 por ciento del tope de gastos de campaña correspondiente. La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados.
Durante la sesión, también se informó que el INE entregó el reporte de resultados de apoyos ciudadanos para otra iniciativa constitucional en materia electoral, al detallar la recepción de seis cajas con folios numerados del 1 al 185 mil. Asimismo, se recibieron informes de distintas dependencias federales, entre ellos el reporte bimestral de uso de tiempos oficiales en radio y televisión, evaluaciones de austeridad republicana, informes presupuestales y programáticos, así como resultados del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación.
La Comisión Permanente también dio trámite a iniciativas y puntos de acuerdo enviados por congresos estatales, entre ellos exhortos del Congreso de Coahuila sobre fraudes bancarios y regulación de la inteligencia artificial, así como reformas remitidas por el Congreso de la Ciudad de México en materia forestal, seguridad social y protección de niñas, niños y adolescentes.
















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