El 21 de junio de 2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un Informe especial derivado de los hechos ocurridos en el poliducto de Petróleos Mexicanos en San Primitivo, Tlahuelilpan, Hidalgo.
Desde el inicio, el organismo autónomo abrió una investigación de oficio, sin prejuzgar sobre violaciones a derechos humanos o responsabilidades específicas, con el objetivo de garantizar a la sociedad el conocimiento de la verdad.
El Informe detalla las acciones emprendidas por las autoridades para mitigar el daño y auxiliar a la población, lo que representó un gasto público de más de 85.57 millones de pesos.
De ese monto, 11.7 millones se destinaron a la atención inmediata de la emergencia; 48.7 millones a atención médica; 2.9 millones a acompañamiento gubernamental y 22.34 millones a la contención del derrame y reparación del ducto.
El análisis especializado concluyó que los protocolos y procedimientos aplicados por Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil y otras autoridades fueron oportunos y adecuados.
La CNDH señaló que no hubo omisión por parte de la Secretaría de la Defensa, cuyos elementos detectaron la toma clandestina cuando había entre ocho y 10 civiles, número que creció súbitamente hasta cerca de 800 personas, lo que, aunado a la confusión provocada por vapores químicos, hizo materialmente imposible su control y retiro.
El organismo subrayó que el Informe no reconoce víctimas ni representantes, ya que durante los seis años de investigación no se recibió queja alguna, pese a la presencia de personal de la Comisión en hospitales y en la zona de los hechos.
Finalmente, advirtió sobre intentos de obtener beneficios económicos bajo el pretexto de la defensa de derechos humanos y reiteró que su actuación se limita a exponer la verdad y promover la no repetición de hechos similares.
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