La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el acceso a la educación en México fue restringido durante el periodo neoliberal, cuando los gobiernos dejaron de construir escuelas y universidades al considerar que estudiar no era un derecho, sino un privilegio reservado para quienes podían pagarlo.
Durante una gira de trabajo por San Luis Potosí, la mandataria sostuvo que entre 1983 y 2018 la política educativa se alejó del mandato constitucional establecido en 1917. “La educación es un derecho social, no una mercancía; si la escuela cuesta, entonces deja de ser un derecho y se vuelve un privilegio para quien tiene dinero”, expresó ante estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos.
Sheinbaum recordó que la Constitución reconoce la educación como una obligación del Estado y criticó que, durante décadas, se responsabilizara a los jóvenes por no ingresar a la universidad. “Les decían que era su culpa no pasar el examen, pero lo que pasó es que no quisieron construir más preparatorias ni universidades”, afirmó.
En ese contexto, señaló que la llamada Cuarta Transformación busca revertir ese modelo excluyente mediante la ampliación de la oferta educativa. “Quien termina la preparatoria tiene derecho a estudiar la universidad y quien concluye la secundaria tiene derecho a estudiar el bachillerato”, subrayó.
Como parte de esa política, anunció mayores recursos federales para ampliar la Universidad Rosario Castellanos en Soledad de Graciano Sánchez, así como una beca para todo su alumnado. “Todos los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos van a tener una beca para apoyar su transporte y gastos básicos”, informó.
La presidenta también destacó que los recursos destinados a la educación provienen de los impuestos de la ciudadanía, por lo que las instituciones públicas deben responder a las necesidades del pueblo. “La educación la paga el pueblo de México y siempre debe servir al pueblo de México”, enfatizó.
Finalmente, Sheinbaum aseguró que la continuidad de su gobierno representa la defensa de los derechos sociales frente a un modelo que, dijo, convirtió la educación, la salud y la vivienda en negocios. “Hoy el Estado vuelve a asumir su responsabilidad: garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad”, concluyó.
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