Panamá vive un punto de inflexión en su política de infraestructura estratégica tras la decisión de su Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional la concesión que permitía a la empresa Panama Ports Company, filial de CK Hutchison Holdings de Hong Kong, operar los puertos de Balboa y Cristóbal en los accesos pacífico y atlántico del Canal de Panamá.
El fallo, emitido a finales de enero, argumenta que las leyes y beneficios otorgados a la firma violaban la Constitución panameña, en particular por concesiones de privilegios exclusivos y exenciones fiscales. La sentencia obliga a iniciar un proceso de transición administrativa y marca el rechazo de Panamá a mantener el esquema anterior de operación portuaria.
La reacción de China fue inmediata y firme. El Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao calificó el fallo como “absurdo, vergonzoso y patético” y advirtió que Panamá “pagará un alto precio” por revertir un contrato vigente casi tres décadas y que ha generado inversiones millonarias y miles de empleos. Pekín también ha instado a empresas estatales a suspender negociaciones en Panamá como represalia, según fuentes financieras internacionales.
El gobierno panameño rechazó de plano las amenazas. El presidente José Raúl Mulino aseguró que Panamá es un Estado de derecho y que las decisiones judiciales se deben respetar, subrayando que no se permitirá intimidación de ningún país. Además anunció que el Estado no otorgará futuros contratos portuarios a un único operador, en una clara señal de cambio de estrategia.
CK Hutchison respondió activando un arbitraje internacional bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, un proceso que podría demorarse años y que busca compensación por la anulación de sus contratos. El conflicto se da mientras la empresa intenta cerrar una venta de puertos globales, incluidos los panameños, a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company.
La disputa se inserta en un contexto geopolítico más amplio, con Estados Unidos y China compitiendo por influencia en América Latina y donde el Canal de Panamá —vital para cerca del 5 % del comercio marítimo global— ha adquirido relevancia estratégica. Las autoridades panameñas han insistido en que las operaciones portuarias continuarán sin interrupción y que se mantendrán los compromisos con el comercio internacional.
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