El pasado abril de 2023, el Gobierno de México anunció un acuerdo con Iberdrola para adquirir 13 plantas de generación eléctrica —12 de ciclo combinado y un parque eólico— con capacidad conjunta de más de 8 mil 500 megavatios por cerca de 6 mil millones de dólares, en lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “una nueva nacionalización” del sector energético.
Según el comunicado oficial, estas centrales pasarían a formar parte del patrimonio público y serían operadas por la CFE, con el objetivo de que la empresa del Estado aumente su participación en la generación eléctrica del país.
Sin embargo, expertos y análisis regulatorios han señalado que, aunque el Gobierno financia la operación a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y otros vehículos públicos, la titularidad legal de los activos recae en un fideicomiso de inversión gestionado por Mexico Infrastructure Partners (MIP), un administrador privado de fondos de infraestructura. La CFE, si bien operará las plantas, no sería en términos estrictos la propietaria de ellas.
Especialistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) han destacado que, al no tratarse de una transferencia directa de activos a la CFE, sino de una transacción entre Iberdrola y MIP con recursos públicos como parte del financiamiento, las plantas se mantienen legalmente en un esquema privado-administrado, aunque con participación de capital público.
El propio proceso contó con la aprobación de la autoridad antimonopolio mexicana (Cofece), que impuso condiciones para asegurar que los activos operen de forma independiente dentro del mercado y evitar prácticas anticompetitivas, lo cual apunta a que el esquema de propiedad y operación será distinto a una expropiación tradicional.
En México, donde la generación eléctrica es un componente estratégico del sector energético regulado y dominado históricamente por la CFE, este acuerdo ha reavivado el debate sobre la política energética del gobierno, la soberanía eléctrica y la eficacia de los vehículos financieros como MIP para “recuperar” activos privados sin traspasarlos directamente al Estado.
En resumen, si bien el Ejecutivo federal presenta la operación como una compra que fortalece a la CFE y la soberanía energética, la propiedad legal de las plantas adquiridas a Iberdrola está bajo un fideicomiso administrado por el grupo MIP, con financiamiento principalmente público, lo que ha generado cuestionamientos sobre la naturaleza real de la adquisición.
Deja una respuesta