La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó una sentencia que había concedido el amparo a una persona implicada en la desaparición forzada de una mujer defensora de derechos humanos en Oaxaca, al advertir deficiencias en el análisis del caso. En consecuencia, ordenó al tribunal colegiado emitir una nueva resolución conforme a los estándares constitucionales y convencionales.
El Pleno determinó que, tratándose de desaparición forzada, las personas juzgadoras tienen una obligación reforzada de análisis, en especial cuando la víctima es una mujer defensora de derechos humanos. Señaló que en estos casos debe aplicarse un enfoque diferencial con perspectiva de género e interseccional, que tome en cuenta la violencia estructural contra las mujeres y los riesgos asociados a la labor de defensa.
La Corte advirtió que el tribunal colegiado omitió examinar la gravedad y naturaleza del delito, así como el contexto y el perfil de la víctima, y se limitó a poner en duda la credibilidad de un testigo colaborador sin valorar la prueba circunstancial ni las particularidades del caso.
El Máximo Tribunal subrayó que la desaparición forzada es una violación grave de derechos humanos que exige un análisis integral del contexto para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Reiteró además que juzgar con perspectiva de género no es opcional, sino una obligación constitucional.
Con el fallo, el asunto fue devuelto al tribunal colegiado para que emita una nueva resolución conforme a estos criterios.
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