La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Fiscalía realiza una investigación “mucho más profunda” por el secuestro de 10 mineros en Concordia, Sinaloa, luego de que cinco de ellos fueran identificados en una fosa clandestina, y advirtió que no se dará por válida únicamente la declaración de los detenidos.
“Evidentemente la fiscalía está haciendo una investigación mucho más profunda, no solamente se le va a creer al detenido”, sostuvo. Explicó que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, los capturados señalaron que habían acudido por los mineros junto con un integrante de un grupo delictivo; sin embargo, subrayó que esa versión es solo una línea inicial.
La mandataria detalló que las indagatorias incluyen entrevistas con familiares, trabajadores y con la propia industria minera, a fin de esclarecer las condiciones en que ocurrió el hecho. “La investigación tiene que ver con hablar con los familiares, con otros trabajadores, mineros y también con la industria minera”, dijo.
Sheinbaum reiteró el respaldo del Gobierno federal a las víctimas. “Como siempre hemos dicho, nuestro apoyo permanente a las familias de las víctimas, más allá de cuál haya sido la causa”, expresó. Añadió que se revisará “exactamente la condición laboral de los mineros” y si existe “alguna o no responsabilidad de la minera”.
La presidenta también planteó la posibilidad de que el caso esté vinculado con extorsión. Indicó que se dialogará con la cámara del sector para conocer si las empresas han sido víctimas de este delito y definir medidas de protección tanto para la actividad productiva como para los trabajadores.
“Uno de los delitos que afecta más a la ciudadanía es la extorsión, porque viene acompañada de una amenaza”, señaló. Recordó que se reformó la ley para que este ilícito se persiga de oficio y que existe una estrategia nacional específica. “Tan sabemos que existe y tan nos interesa erradicar este delito, que tenemos una estrategia particular contra la extorsión y vamos a seguir así”, afirmó.
Precisó que la Fiscalía determinará si el caso de los mineros corresponde a un secuestro con fines de cobro posterior o a una amenaza derivada de una extorsión previa. “En ambos casos, la autoridad tiene que atender”, enfatizó.
Finalmente, indicó que las antiguas unidades antisecuestro ahora también atienden delitos de extorsión y apoyo a víctimas, y reiteró que la Federación acompañará a las autoridades estatales en la investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
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