El ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que las personas juzgadoras —juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros— deben asumirse como defensoras de la justicia, de la verdad y de las personas, con la obligación de encontrar soluciones frente a los múltiples fenómenos propios de la condición humana y evitar actos injustos.
Al participar en la presentación del Proyecto Estratégico de Defensa Pública y Justicia Intercultural “Construyendo Puentes para Acercar la Justicia”, impulsado por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ), sostuvo que no puede construirse una sociedad justa si se normalizan conductas que favorecen la trampa, el engaño o prácticas que, desde posiciones de poder o por dinero, buscan distorsionar los resultados.
En las instalaciones del IFDP y acompañado por el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, así como por integrantes del Máximo Tribunal, del OAJ, defensoras y defensores públicos federales y representantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal de Justicia Administrativa, Aguilar Ortiz subrayó que la Defensoría debe impulsar una justicia cercana al pueblo y con sentido humano.
El ministro presidente reconoció que, en los últimos meses, el IFDP ha logrado la liberación de 435 personas que se encontraban privadas de la libertad. Consideró que en esta nueva etapa del Poder Judicial la diferencia estará marcada por valores como autenticidad, convicción, compromiso y responsabilidad.
Por su parte, Néstor Vargas Solano, presidente del OAJ, señaló que el proyecto permitirá fortalecer alianzas con instituciones involucradas en los procesos de preliberación, entre ellas la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General de la República, instancias de salud y autoridades de cárceles federales.
En tanto, Benjamín Rubio Chávez, director general del IFDP, explicó que la estrategia busca alternar el trabajo de escritorio con presencia en territorio, mediante un equipo profesional dedicado a la defensa de las personas. Afirmó que no hay justicia sin defensa y que la justicia tardía o lejana tampoco puede considerarse justicia.
Indicó que el programa comenzó a operar en diciembre de 2025 y que, hasta ahora, sus primeros resultados incluyen la liberación de 435 personas privadas de la libertad.
En el presídium también participaron Gilberto de Guzmán Bátiz García, presidente del TEPJF, y Rufino León Tovar, en representación de la Presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial.
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