La diputada Maribel Martínez Ruiz presentó una iniciativa para tipificar como infracción administrativa grave las conductas de acoso, hostigamiento, abuso o cualquier forma de violencia sexual cometidas por conductores de transporte público o de plataformas digitales durante la prestación del servicio.
La propuesta, que reforma la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y el Código Penal Federal, establece sanciones como la cancelación definitiva de la licencia o permiso para conducir, la revocación de concesiones o registros, así como la inhabilitación permanente para operar en el sector, independientemente de las sanciones penales correspondientes.
El proyecto señala que, en casos donde la víctima sea una niña o adolescente, las sanciones administrativas deberán aplicarse con el máximo rigor, en apego al principio del interés superior de la niñez.
Asimismo, plantea obligaciones directas para concesionarios, permisionarios y empresas de transporte por aplicación, quienes deberán brindar auxilio inmediato a las víctimas, contar con protocolos de emergencia y denuncia, activarlos sin demora y colaborar plenamente con las autoridades. También deberán suspender de forma inmediata al conductor denunciado mientras se desarrollan las investigaciones e implementar programas permanentes de capacitación en derechos humanos y perspectiva de género.
El incumplimiento de estas medidas podría derivar en multas, suspensión temporal o definitiva de concesiones y cancelación de registros de operación, sin perjuicio de otras responsabilidades legales.
En el ámbito penal, la iniciativa propone modificar el artículo 266 Bis para aumentar hasta en una mitad las penas por abuso sexual y violación cuando estos delitos sean cometidos por conductores en el ejercicio de su labor, además de imponer la inhabilitación permanente para desempeñar dicha actividad.
El documento, turnado a comisiones unidas, advierte que la violencia sexual en el transporte vulnera no solo la integridad de las víctimas, sino también el derecho a la movilidad segura, limitando la participación de las mujeres en la vida económica, social y educativa.
Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en 2025 se registraron más de 61 mil delitos sexuales en el país, incluidos cerca de 8 mil 700 casos de acoso, aunque se reconoce un subregistro significativo.
Investigaciones de GIZ en conjunto con Inmujeres revelan que más del 60 por ciento de las mujeres en la Zona Metropolitana del Valle de México ha sufrido algún tipo de violencia sexual en el transporte público, lo que incide en su percepción de seguridad y en sus decisiones de movilidad.
Ante este contexto, la legisladora sostiene que es indispensable construir un marco normativo integral que sancione de manera efectiva estas conductas, fortalezca la responsabilidad de empresas y concesionarios, y garantice condiciones de seguridad y dignidad para las personas usuarias.
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