La Secretaría de Gobernación reportó que el programa de desarme voluntario sumó 9 mil 544 armas de fuego entregadas por ciudadanos desde el 1 de octubre de 2024, como parte de la estrategia federal para disminuir la violencia y retirar armamento de circulación.
Al presentar el balance de acciones en materia de construcción de paz, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó que el mecanismo permite a la población entregar armas de manera confidencial y sin consecuencias legales, a cambio de una compensación económica. “La población ha canjeado de forma anónima y voluntaria 9 mil 544 armas de fuego por dinero en efectivo”, afirmó.
El programa opera en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades locales, mediante módulos instalados en plazas públicas, atrios y espacios comunitarios. La intención es prevenir accidentes domésticos, homicidios, lesiones y delitos vinculados con la posesión de armas en los hogares.
Además del canje de armamento, la estrategia incluye actividades orientadas a niñas y niños, quienes pueden intercambiar juguetes que simulan armas por materiales didácticos. “Niñas y niños intercambiaron juguetes bélicos por juguetes educativos”, indicó la funcionaria.
Autoridades federales han insistido en que la construcción de paz requiere combinar acciones de seguridad con políticas sociales y prevención. En ese sentido, Rodríguez Velázquez subrayó que el gobierno mantiene programas comunitarios en zonas prioritarias del país. “Trabajamos en la construcción de un México mejor donde jóvenes, adolescentes, niñas y niños tengan acceso a la educación, al deporte y a la cultura”, sostuvo.
La dependencia informó que el desarme voluntario forma parte del eje de atención a las causas, que también contempla recuperación de espacios públicos, ferias de servicios, apoyo a jóvenes y fortalecimiento de la convivencia comunitaria.
Durante la actual administración, la estrategia ha buscado ampliar la presencia institucional en municipios con altos niveles de violencia, bajo la premisa de que la prevención social y la reducción de armas disponibles pueden incidir en la seguridad cotidiana.
El programa se mantiene como una de las principales apuestas preventivas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dentro del modelo de seguridad enfocado en atender factores de riesgo y reconstruir el tejido social.
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