La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que el gobierno federal no prevé realizar más ajustes legales al Plan B Electoral, al considerar que la reforma ya quedó debidamente integrada en términos constitucionales y cuenta con los elementos necesarios para entrar en vigor.
La funcionaria sostuvo que, tras la aprobación alcanzada en el Congreso de la Unión y el aval de los congresos estatales, el proceso legislativo se encuentra prácticamente concluido, por lo que sólo resta la publicación oficial para activar su aplicación.
“Ya no se prevé otro planteamiento legal al respecto. Con lo ya planteado en esta iniciativa constitucional, guiada por la presidenta, es suficiente para hacer los cambios respectivos y hacerlo efectivo”, declaró.
El posicionamiento de la titular de Gobernación ocurre en un contexto de alta discusión política en torno al Plan B Electoral, paquete de reformas que ha sido defendido por el oficialismo como una medida orientada a reducir costos y reorganizar funciones administrativas, mientras que la oposición y diversos especialistas han advertido riesgos para la operación de las autoridades electorales.
Rodríguez Velázquez explicó que la entrada en vigor dependerá de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), trámite que podría concretarse este mismo día.
“En cuanto esté la publicación, de inmediato las instancias locales y electorales apliquen estas reformas”, afirmó.
Añadió que el requisito constitucional relativo al respaldo de las entidades federativas ya fue cubierto, pues los congresos locales emitieron las aprobaciones necesarias para validar la reforma.
“Falta todavía la publicación, pero ya los estados respectivos, los congresos han aprobado”, expresó.
La secretaria también anticipó que en las próximas horas se confirmará la emisión de la declaratoria formal y su difusión en el órgano oficial del gobierno federal.
“En el día de hoy les confirmo eso, si se hace en el Diario Oficial y la cuestión de la declaratoria también”, puntualizó.
De concretarse la publicación, el siguiente paso será la instrumentación de las nuevas disposiciones por parte de autoridades administrativas y electorales, además de una probable etapa de litigios constitucionales impulsados por actores políticos inconformes con el contenido de la reforma.
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