El diputado Alan Sahir Márquez Becerra, del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa de reforma para que las personas migrantes víctimas del delito de secuestro en territorio nacional reciban de manera inmediata una condición de estancia por razones humanitarias, sin necesidad de acreditar previamente su situación migratoria.
La propuesta adiciona dos párrafos al inciso a) del artículo 52 de la Ley de Migración y establece que dicha autorización deberá garantizar el tránsito o permanencia en el país durante el tiempo necesario para su recuperación integral, su protección y su participación en los procesos legales correspondientes.
Asimismo, plantea que las autoridades competentes aseguren acceso a medidas de protección, atención médica y psicológica especializada, asistencia jurídica gratuita y, en su caso, intérpretes o traductores, con el objetivo de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios para su análisis y dictaminación.
En la exposición de motivos, el legislador señaló que las personas migrantes en tránsito enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad que las exponen a diversos riesgos, entre ellos el secuestro, delito que vulnera su libertad personal y afecta de manera directa su integridad física, psicológica y dignidad humana.
Añadió que la legislación vigente mantiene vacíos legales para quienes han sido víctimas de este delito, al no garantizar de forma clara el acceso inmediato a mecanismos de regularización migratoria, protección, atención integral y acceso a la justicia.
Según el documento, esta omisión abre una brecha en la protección efectiva de los derechos humanos de la población migrante, que por su condición enfrenta mayores obstáculos para denunciar los hechos, recibir atención y acceder a mecanismos institucionales de protección.
El diputado citó datos de la organización Alto al Secuestro, que en marzo de 2024 documentó 521 víctimas de secuestro en 84 casos, de las cuales 262 eran personas migrantes.
También advirtió que las bandas delictivas aprovechan la vulnerabilidad de esta población, privándola de la libertad para exigir pagos a familiares en dólares o pesos mexicanos y, en los casos más graves, bajo amenazas de mutilación o muerte.
Márquez Becerra sostuvo que las políticas públicas de reparación deben reconocer que no todas las víctimas enfrentan las mismas condiciones ni padecen las mismas consecuencias, por lo que se requieren mecanismos diferenciados de atención para sectores especialmente vulnerables, como las personas migrantes.
Subrayó que, de aprobarse la reforma, el Estado mexicano fortalecería la protección de una de las poblaciones más expuestas frente a uno de los delitos más graves que enfrenta el país, además de cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.
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