Legisladores de Morena presentaron una iniciativa de reforma constitucional para posponer hasta junio de 2028 la próxima elección de personas juzgadoras, originalmente prevista para 2027, en un giro que implica corregir la propia reforma judicial aprobada por la mayoría oficialista en 2024.
El proyecto, impulsado por el vicecoordinador morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, sostiene que empatar la elección judicial con otros procesos electorales “genera riesgos institucionales”. Entre ellos enumera menor deliberación pública sobre perfiles técnicos, saturación informativa para el electorado, voto desinformado, politización de candidaturas y presión operativa y financiera sobre el Instituto Nacional Electoral.
La propuesta plantea que la designación de jueces, magistrados y ministros tenga un “proceso electoral propio”, separado de los comicios políticos, con el argumento de proteger la independencia judicial y permitir una organización electoral más ordenada.
Además del cambio de fecha, la iniciativa endurece los requisitos para competir por cargos judiciales. Entre las modificaciones destacan certificaciones de competencias emitidas por la Escuela Nacional de Formación Judicial, exámenes técnicos y mayores años de experiencia profesional para aspirantes a posiciones de alto nivel.
El ajuste ocurre luego de cuestionamientos al primer ejercicio de elección judicial, señalado por baja participación, complejidad operativa y dudas sobre la idoneidad de algunos perfiles electos. Con ello, el oficialismo abre una etapa de revisión interna de una de sus reformas emblemáticas.
La iniciativa deberá ser discutida en el Congreso, donde Morena y sus aliados conservan mayoría, aunque el aplazamiento anticipa un nuevo debate político y jurídico sobre el rediseño del sistema de justicia y el papel del árbitro electoral.
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