El diputado Eduardo Gaona Domínguez, de Movimiento Ciudadano, impulsa una iniciativa para crear bibliotecas en los centros de reclusión del país, con el objetivo de que las personas privadas de la libertad tengan acceso a educación, información y herramientas que favorezcan su reinserción social.
La propuesta plantea adicionar un párrafo cuarto al artículo 83 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
El proyecto establece que la implementación de las bibliotecas deberá realizarse de manera progresiva, dando prioridad a las penitenciarías con mayor población y con índices más altos de reincidencia, conforme a los criterios definidos por la autoridad penitenciaria.
Asimismo, contempla que las autoridades de los penales puedan firmar convenios de colaboración con instituciones educativas, bibliotecas públicas, universidades, organizaciones civiles y organismos internacionales para fortalecer el acervo bibliográfico, promover la lectura y ampliar las actividades educativas dentro de los centros penitenciarios.
La iniciativa señala que su aplicación se hará con cargo al presupuesto ya autorizado a las autoridades competentes, por lo que no se prevé la asignación de recursos adicionales.
En la exposición de motivos, el legislador argumenta que el acceso a bibliotecas penitenciarias permite garantizar derechos como la educación, la información y la cultura, además de fomentar el pensamiento crítico, la formación integral y el desarrollo personal, factores clave para una reinserción social efectiva y sostenible.
Gaona Domínguez subraya que la medida no implica crear una nueva institución, sino aprovechar infraestructura y acervos existentes mediante una implementación gradual y respaldada por convenios de colaboración.
Como sustento, cita un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez, el cual advierte que muchos centros penitenciarios del país carecen de infraestructura digna, programas de capacitación laboral y educativa, atención a la salud mental y planeación para fortalecer a las personas internas al momento de recuperar su libertad.
El documento también retoma criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera la educación como una de las herramientas más eficaces para generar cambios positivos en las actitudes, habilidades y expectativas de vida de las personas privadas de la libertad.
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