Durante una sesión presencial de la Cámara de Diputados, Marisel Castillo Cortez, hablante de lengua otomí, demandó al Estado mexicano pasar del reconocimiento formal a acciones concretas para garantizar la preservación, promoción y uso de las lenguas indígenas nacionales.
En el marco del acto “Las lenguas toman la tribuna”, sostuvo que estas lenguas no solo constituyen un patrimonio histórico y cultural, sino que son vehículos esenciales de identidad, cosmovisión y formas de vida de los pueblos originarios.
Afirmó que, aunque los derechos lingüísticos están reconocidos en la legislación, persisten múltiples obstáculos para su ejercicio pleno. “Exijo que no solo se reconozcan formalmente, sino que también el Estado actúe para eliminar esas barreras históricas”, expresó.
Castillo Cortez señaló que la promoción de las lenguas indígenas requiere medidas efectivas para su enseñanza, difusión y uso tanto en espacios públicos como privados, además de garantizar que las nuevas generaciones puedan aprenderlas y emplearlas cotidianamente.
Advirtió que factores estructurales como la globalización y la discriminación privilegian idiomas dominantes, como el español y el inglés, en ámbitos sociales, culturales y educativos, lo que genera condiciones de desplazamiento lingüístico.
Subrayó que el marco jurídico es fundamental para proteger estos derechos. Recordó que el artículo 2 de la Constitución reconoce a México como una nación pluricultural y garantiza a los pueblos indígenas la libre determinación y autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura.
Asimismo, citó los artículos 10 y 11 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que obligan al Estado a garantizar acceso a la justicia en lengua materna y una educación obligatoria bilingüe e intercultural.
La joven indígena consideró indispensable aplicar políticas integrales con recursos suficientes, fortalecer la capacitación institucional y traducir los derechos reconocidos en resultados tangibles. Entre las medidas urgentes, pidió formar intérpretes y traductores especializados, así como establecer servicios permanentes de interpretación en tribunales y zonas con alta presencia indígena.
También planteó reforzar la preparación de defensores públicos y agentes judiciales en materia de derechos lingüísticos y culturales, para evitar violaciones al debido proceso contra personas indígenas.
Castillo Cortez advirtió que la homogeneización social amenaza cada vez más a las comunidades originarias. “Como estudiante e integrante de la comunidad indígena, tengo el interés y la obligación de expresar mis opiniones y contribuir en las acciones encaminadas al uso, fortalecimiento y preservación de las lenguas originarias”, dijo.
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que Marisel Castillo Cortez es originaria de San Gregorio, municipio de Huehuetla, Hidalgo, aprendió otomí en el entorno familiar y actualmente cursa la licenciatura en Derecho Intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo.
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