Los coordinadores de Clemente Castañeda y Alejandra Barrales en el Senado solicitaron a instituciones federales y estatales fortalecer de manera urgente las acciones de prevención, investigación, sanción y atención integral del abuso sexual infantil en México.
Mediante una proposición con punto de acuerdo presentada ante el Senado, los legisladores señalaron que, pese a que el marco jurídico mexicano reconoce y protege ampliamente los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia, persiste “una brecha significativa entre la norma y su aplicación efectiva”.
De acuerdo con datos oficiales citados en el documento, durante 2021 se registraron más de 22 mil víctimas de violencia sexual contra menores de edad, lo que representa más de 60 casos diarios. Además, en 2022 se iniciaron más de 16 mil carpetas de investigación por abuso sexual y más de 8 mil por violación en contra de niñas y adolescentes.
Los emecistas advirtieron que el abuso sexual infantil “no responde a una sola causa, sino a un entramado de fallas estructurales, institucionales y socioculturales que dificultan su prevención, detección, sanción y erradicación”.
“Su atención requiere no solo voluntad política, sino una transformación estructural en la forma en que el Estado previene, investiga, sanciona y repara este tipo de violencias”, subrayaron.
Asimismo, sostuvieron que “Movimiento Ciudadano ha puesto al centro de sus causas y de su agenda una idea sencilla, pero que contiene un amplio significado de justicia intergeneracional: por el bien de México, primero las niñas y los niños”.
El punto de acuerdo propone exhortar a la Presidenta de la República y a los 32 gobernadores a fortalecer de manera coordinada la política nacional de prevención del abuso sexual infantil, mediante mecanismos de coordinación interinstitucional y evaluación de resultados.
También plantea solicitar a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales reforzar las investigaciones de delitos sexuales contra menores, implementar protocolos homologados y garantizar procesos libres de revictimización.
Además, pide a la Secretaría de Educación Pública implementar programas obligatorios de prevención, detección temprana y educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos; a la Secretaría de Salud garantizar atención psicológica especializada, gratuita y oportuna para las víctimas; y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzar el combate a los delitos sexuales, especialmente en entornos digitales.
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