De las 269 solicitudes de extradición que México ha presentado a Estados Unidos desde enero de 2018, un total de 233 permanecen pendientes, mientras que 36 ya fueron rechazadas, informó el secretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.
Al defender la actuación del gobierno mexicano en los procesos de extradición, el funcionario destacó que de las 50 solicitudes de detención provisional promovidas por México, en 47 casos las autoridades estadounidenses pidieron información adicional antes de continuar con el trámite.
“Es una práctica común entre los dos países que se requieren elementos adicionales, no es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del tratado”, afirmó.
Durante una explicación técnica sobre el funcionamiento del mecanismo bilateral de extradición, Velasco sostuvo que el tratado vigente entre México y Estados Unidos permite expresamente a ambos gobiernos solicitar pruebas o aclaraciones adicionales durante cualquier etapa del proceso.
Indicó que los artículos 11 y 12 del acuerdo bilateral facultan a las autoridades a pedir mayores elementos jurídicos cuando consideran que la información presentada resulta insuficiente.
“La conclusión jurídica es que los artículos 11 y 12 leídos de la mano permiten a los gobiernos pedir en cualquier momento del proceso mayor información sobre las solicitudes de extradición”, explicó.
El subsecretario añadió que el artículo 9 del tratado establece que ninguno de los dos países está obligado a entregar a sus nacionales, por lo que México debe realizar una revisión exhaustiva antes de autorizar la extradición de ciudadanos mexicanos.
“Tenemos la obligación de hacer una verificación exhaustiva de todos los elementos y argumentos de las solicitudes previo a entregar a un nacional mexicano”, sostuvo.
Velasco explicó que la Ley de Extradición Internacional también establece requisitos específicos para las solicitudes de detención provisional, entre ellos la descripción precisa del delito y la acreditación de una orden de aprehensión.
En ese contexto, señaló que cuando las acusaciones son demasiado generales o ambiguas, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene la obligación de requerir información complementaria antes de remitir el caso a la Fiscalía General de la República y posteriormente a un juez.
“Una expresión del delito que es demasiado vaga o genérica, tenemos más bien la obligación de solicitar mayor información previo a proceder”, dijo.
El funcionario subrayó que Estados Unidos aplica criterios similares frente a solicitudes mexicanas, especialmente en investigaciones complejas relacionadas con corrupción, desaparición forzada y delincuencia organizada.
Como ejemplo, mencionó diversos casos en los que Washington pidió mayores elementos probatorios o rechazó medidas cautelares, entre ellos expedientes vinculados con el caso Ayotzinapa, presunta facturación ilegal y trata de personas.
Velasco citó el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en el que las autoridades estadounidenses solicitaron información adicional antes de continuar con el procedimiento, así como otros expedientes donde se requirió a México presentar solicitudes formales de extradición.
También explicó que algunas solicitudes de detención provisional han sido rechazadas debido a que los delitos imputados no fueron considerados violentos o porque las autoridades estadounidenses concluyeron que los acusados no representaban un riesgo para la sociedad.
“No es un análisis literal del tratado, como si existiera en el vacío legal”, afirmó.
Finalmente, el funcionario sostuvo que la postura del gobierno mexicano es “legal y convencional”, además de “recíproca y previsible”, y reiteró el compromiso de México con la cooperación bilateral en materia de justicia y respeto al debido proceso.
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