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Exigencias de la CNTE no están contempladas ni ahora ni en el futuro, advierte Hacienda

Hacienda afirma que demandas de la CNTE no tienen respaldo presupuestal.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, afirmó que las demandas planteadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no están contempladas en el Presupuesto federal ni en la programación financiera de los próximos años, por lo que su eventual atención requeriría un análisis adicional debido al impacto fiscal que implicarían.

Al referirse a las exigencias del magisterio disidente, el funcionario señaló que actualmente dichas propuestas no forman parte de la planeación presupuestaria del Gobierno federal.

“Esta propuesta no se encuentra contemplada en el presupuesto ni en la programación para preparar la programación de los siguientes años”, declaró en la conferencia denominada «Derecho de Réplica».

Amador Zamora explicó que, en caso de analizarse su viabilidad, sería necesario realizar ejercicios técnicos para dimensionar el costo de su implementación.

“Deberíamos, en su caso, hacer ejercicios, pero las órdenes de magnitud de esa propuesta son las que se han mencionado en este espacio”, sostuvo.

El titular de Hacienda rechazó los señalamientos de la CNTE respecto a que el impacto financiero de sus demandas ha sido sobredimensionado por las autoridades y defendió la transparencia de las finanzas públicas federales.

“El Gobierno federal es muy transparente respecto a la devolución de los datos del presupuesto. Tú puedes revisar el presupuesto partida por partida y peso a peso”, afirmó.

Añadió que la información pública disponible permite calcular con claridad los efectos que tendría cualquier modificación de gran escala en el gasto público.

“Es muy fácil inferir los posibles efectos checando las órdenes de magnitud que están en el presupuesto”, puntualizó.

Las declaraciones del secretario de Hacienda se producen en medio de las negociaciones entre el Gobierno federal y la CNTE, organización que mantiene la exigencia de mejoras salariales, cambios al sistema de pensiones y otras demandas laborales que, según las autoridades hacendarias, tendrían un impacto significativo sobre las finanzas públicas.

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