El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, presentó este viernes en la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, por presuntas violaciones graves a la Constitución, a los derechos humanos y al proceso electoral durante la jornada del pasado 7 de junio.
En conferencia de prensa, el legislador sostuvo que ambos funcionarios permitieron una estrategia de represión contra integrantes de Morena y del PT antes, durante y después de los comicios locales en Coahuila.
«El gobernador instruyó a la policía del estado para que reprimiera, secuestrara, golpeara y torturara a candidatos, dirigentes y operadores de Morena y del Partido del Trabajo», denunció.
Mejía Berdeja afirmó que, tras los hechos, el mandatario estatal incluso presumió la actuación de las corporaciones policiacas, permitiendo, según dijo, detenciones arbitrarias e intimidaciones contra ciudadanos.
Acusa represión contra legisladores y militantes
El diputado aseguró que legisladores federales y dirigentes partidistas fueron privados de la libertad y sometidos a malos tratos por elementos de la policía estatal, a la que calificó como una «policía política» al servicio del gobierno de Coahuila.
Asimismo, denunció que durante el proceso electoral se utilizaron programas sociales con fines proselitistas, en presunta violación al artículo 134 constitucional, además de que funcionarios estatales habrían participado en actividades de conteo de votos e intimidación de electores.
Denuncia compra de votos mediante códigos QR
Uno de los señalamientos centrales de la denuncia presentada por el legislador petista es la presunta operación sistemática de compra de votos a través de códigos QR.
«No hubo elecciones libres y auténticas en Coahuila. El voto se compró a través de códigos QR. Las elecciones eran un mercado de compra-venta donde se estuvieron pagando entre 500 y mil pesos por sufragio», acusó.
De acuerdo con Mejía Berdeja, la intervención de fuerzas policiacas permitió proteger estas prácticas y evitar que ciudadanos documentaran o denunciaran las irregularidades.
«Cuando ciudadanos denunciaban los hechos y se constituían afuera de los domicilios donde estaban haciendo estos operativos, llegaba la policía estatal a reprimirlos, golpearlos y secuestrarlos para que el PRI siguiera haciendo de las suyas», sostuvo.
Señala intimidación durante recuento de votos
El legislador afirmó haber sido testigo directo de la actuación de la policía estatal durante el recuento de votos en el distrito 6, con cabecera en Frontera, donde presuntamente se intimidó a representantes y candidatos de oposición.
También denunció agresiones contra personas vinculadas al proceso electoral, entre ellas Antonio Flores y su hermana, Tania Flores, quien, según relató, habría sufrido lesiones oculares tras recibir gas lacrimógeno.
Además, acusó que durante los operativos se registraron abusos que, a su juicio, constituyen violaciones graves a los derechos humanos y justifican la solicitud de juicio político contra el gobernador y el fiscal estatal.
Pide actuar a la Sección Instructora
Mejía Berdeja hizo un llamado a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para que dé trámite a los juicios políticos pendientes y advirtió que la justicia no debe subordinarse a intereses políticos.
«La política no puede estar por encima de la justicia y de la ley», expresó.
El legislador calificó lo ocurrido en Coahuila como «una anomalía total de la democracia» y sostuvo que la elección de diputados locales estuvo diseñada para favorecer al PRI.
Finalmente, anunció que impulsará reformas para impedir que códigos QR y teléfonos celulares sean utilizados como mecanismos de compra del voto, práctica que describió como «la nueva generación del fraude electoral».
Hasta el momento, el gobierno de Coahuila y la Fiscalía General del Estado no habían emitido una postura pública sobre los señalamientos formulados por el legislador del PT.
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